El respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) —que ordena al dirigente del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, retirar publicaciones que vinculan a Morena con el narcotráfico desató una ola de críticas por parte de sectores de la oposición y analistas políticos.Mientras el oficialismo celebra la medida como un freno a las calumnias, detractores acusan un sesgo institucional y una simetría selectiva en la regulación de la libertad de expresión

Durante su conferencia matutina, la mandataria reaccionó con un “pues qué bueno” ante la decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE,Sheinbaum argumentó que el debate político debe conducirse con base en verdades y sin agresiones sustentadas en noticias falsas. Sin embargo, la celeridad del fallo y el beneplácito del Ejecutivo reactivaron los cuestionamientos sobre el papel del árbitro electoral frente al bloque gobernante.

Diversos líderes y voceros de la oposición acusaron que el gobierno utiliza las instituciones electorales como un “escudo de protección” para limpiar su imagen pública, argumentando que:

  • Politólogos y miembros del bloque opositor señalaron que mientras se censuran los adjetivos de la oposición, el aparato de difusión oficialista mantiene descalificaciones diarias hacia sus críticos sin recibir amonestaciones equivalentes.
  • El propio Alejandro Moreno revivió publicaciones antiguas de la hoy presidenta Sheinbaum y del expresidente López Obrador, donde en el pasado defendían la libertad absoluta en internet y condenaban cualquier intento de regulación o censura. Para los críticos, este cambio de postura evidencia que la defensa de la libre expresión varía según se ocupe la posición de gobierno o de oposición .

Analistas en materia electoral advirtieron que la resolución que prohíbe términos como “narcopartido” o “narcogobierno” sienta un precedente restrictivo para la crítica política. Expertos señalan que, si bien la imputación de delitos requiere pruebas, la intervención del INE para delimitar lo que es “verdad” o “mentira” en el debate cotidiano debilita la percepción de su autonomía frente al Poder Ejecutivo.

El equipo jurídico del PRI confirmó que recurrirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para impugnar las medidas cautelares. Con ello, la disputa jurídica por la narrativa y los límites de la retórica política se trasladará a la máxima instancia judicial electoral del país.