El senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, solicitó una licencia temporal a su cargo en el Senado en medio de la creciente presión política derivada de los señalamientos del gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.

La licencia —de carácter breve— permitirá que su suplente participe en votaciones clave en la Cámara Alta, en un momento en que el oficialismo requiere mayoría calificada para avanzar en reformas estratégicas.

El movimiento ocurre tras semanas de polémica luego de que autoridades estadounidenses incluyeran a Inzunza en una lista de funcionarios sinaloenses presuntamente relacionados con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de “Los Chapitos”, acusaciones que también alcanzan al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y a otros funcionarios.

Frente a este escenario, el senador ha rechazado categóricamente los señalamientos y ha sostenido que se trata de acusaciones falsas. Incluso, ha comparecido ante la Fiscalía General de la República (FGR) para rendir declaración, insistiendo en que no existe ninguna imputación formal en su contra en México.

En su posicionamiento, Inzunza ha ido más allá al denunciar que enfrenta una “embestida mediática”, al considerar que el caso ha sido amplificado con fines políticos tanto a nivel nacional como internacional.

El caso se inscribe en una crisis mayor que ha sacudido a Morena y al gobierno federal, luego de que desde Estados Unidos se señalara a varios funcionarios de Sinaloa por presunta colaboración con el narcotráfico a cambio de apoyo político, lo que ha intensificado la confrontación entre oficialismo y oposición.

Mientras la oposición ha utilizado el caso para reforzar su narrativa sobre presuntos vínculos entre el poder político y el crimen organizado, Morena ha optado por cerrar filas en torno al discurso de defensa de la soberanía nacional, argumentando que las acusaciones carecen de sustento jurídico en territorio mexicano.

La licencia solicitada por Inzunza abre un nuevo capítulo en este caso, que no solo tiene implicaciones legales, sino también un alto costo político en la antesala de futuros procesos electorales, donde figuras vinculadas al oficialismo podrían verse afectadas por el desarrollo de estas investigaciones.