Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum insiste en sus conferencias matutinas que “no hay razón” para el alza del diésel, los transportistas y ciudadanos se enfrentan a una realidad muy distinta. La narrativa oficial sostiene que, gracias a la “soberanía energética” y a acuerdos voluntarios con los empresarios, el precio debería mantenerse por debajo de los 28.28 pesos por litro. Sin embargo, los datos y las protestas en las calles cuentan otra historia.
El discurso: “Los gasolineros están abusando”
La postura del Gobierno Federal es clara: el diésel está subsidiado a través de estímulos fiscales al IEPS —que en marzo alcanzaron un 35.21%— y, por lo tanto, cualquier aumento es responsabilidad exclusiva de la “voracidad” de los concesionarios. Sheinbaum ha llegado a señalar que las estaciones que venden el combustible por encima de los 29 pesos están “volándose la barda” y ha ordenado operativos de la Profeco para exhibirlas.
La realidad: El mercado ignora el “pacto”
A pesar de las amenazas de sanciones, la consultora PetroIntelligence reporta que en 28 estados del país ya se vende el diésel por encima del precio convenido, alcanzando picos de hasta 29.64 pesos en estados como Oaxaca y Baja California Sur.
La crítica central radica en que el gobierno intenta controlar un mercado global mediante “acuerdos de buena voluntad”. Expertos señalan tres puntos que la narrativa oficial omite:
- Ajustes al IEPS: Aunque se habla de subsidios, la cuota base del IEPS para el diésel subió a 7.36 pesos este año, lo que ya de entrada presiona el costo final.
- Costos logísticos: Las gasolineras enfrentan mayores costos de transporte e inseguridad en carreteras, factores que no se resuelven con un tope de precio decretado desde un podio.
- Límites del subsidio: Analistas del IMEF advierten que los estímulos fiscales tienen un alcance limitado y no pueden contener indefinidamente las presiones por conflictos internacionales como los del Medio Oriente.
Conclusión: ¿Control o simulación?
El descontento ha escalado a paros nacionales convocados por organizaciones como la ANTAC , quienes acusan que el precio del diésel es una “sentencia de muerte” para la logística del país.
Al final, la estrategia gubernamental parece centrarse más en la gestión de la percepción política que en la solución de las distorsiones económicas. Mientras Sheinbaum culpa a los gasolineros, el bolsillo de los mexicanos sigue absorbiendo un incremento que, en la práctica, nadie ha podido frenar.
