Audias Flores Silva, alias “El Jardinero” y señalado como exjefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tramitó un nuevo amparo para evitar su presunta entrega acelerada a Estados Unidos; sin embargo, un juez federal desechó la solicitud al considerar improcedente el recurso.
El presunto operador criminal, recluido en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 Altiplano, argumentó que existía un “temor fundado” de que autoridades mexicanas intentaran ejecutarle una “expulsión exprés” con base en la Ley de Seguridad Nacional, con el objetivo de evadir el proceso judicial ordinario.
La demanda fue presentada ante un juzgado federal en el Estado de México, donde el acusado señaló un “peligro inminente” de ser trasladado de manera acelerada a territorio estadounidense, donde es requerido por delitos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero.
No obstante, el juez determinó que la solicitud de amparo era improcedente, ya que la orden de extradición ya había sido ejecutada en sus efectos iniciales, al encontrarse el imputado sujeto a un procedimiento formal de extradición.
El juzgador resolvió que los argumentos presentados por Flores Silva eran de carácter subjetivo y no existían elementos jurídicos suficientes para frenar el proceso en curso.
“El Jardinero” fue detenido en abril pasado en Nayarit por fuerzas federales y es considerado por autoridades como uno de los operadores relevantes del CJNG, con presencia en estados como Jalisco, Zacatecas, Guerrero y Michoacán.
Además, es requerido por una corte federal en Washington, D.C., que lo acusa de delitos vinculados al tráfico de drogas y operaciones financieras ilícitas.
Pese al revés judicial, el proceso de extradición no es inmediato. En paralelo, el presunto líder criminal mantiene otros recursos legales, incluyendo suspensiones provisionales que, por el momento, han frenado su entrega definitiva a las autoridades estadounidenses mientras se resuelve el fondo del caso.
El caso refleja la complejidad de los procedimientos de extradición en México, donde los imputados pueden recurrir a diversos mecanismos legales para retrasar o impugnar su traslado al extranjero, incluso cuando existen solicitudes formales de gobiernos como el de Estados Unidos.
