El médico Jesús Maximiano “N”, señalado por su presunta responsabilidad en la muerte de al menos ocho personas relacionadas con la aplicación de sueros vitaminados en Hermosillo, podría perder la protección judicial que impedía su captura luego de no presentarse a la audiencia inicial programada esta semana.
La ausencia del imputado encendió nuevamente el caso que ha generado indignación en Sonora, pues el médico enfrenta acusaciones por homicidio culposo y presunta mala praxis médica derivadas de tratamientos intravenosos aplicados en una clínica privada de Hermosillo.
De acuerdo con Rafael Acuña Griego, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el juez federal podría retirar la suspensión definitiva que mantenía detenido cualquier intento de aprehensión, debido a que una de las condiciones del amparo era precisamente acudir a los requerimientos judiciales.
Aunque la defensa legal sí acudió a la audiencia, autoridades señalaron que era obligatoria la presencia del médico para no obstaculizar el proceso.
La investigación apunta a que pacientes habrían recibido sueros intravenosos presuntamente contaminados con bacterias, situación que derivó en cuadros graves de sepsis y posteriormente en los fallecimientos.
El caso ha provocado fuerte atención pública debido al crecimiento de clínicas y tratamientos conocidos como “vitamin drip” o sueros vitaminados, promocionados como terapias de bienestar, energía y recuperación física.
Como parte de las investigaciones, la Fiscalía de Sonora mantiene asegurados 16 vehículos y siete propiedades vinculadas al médico, además de gestiones para inmovilizar cuentas bancarias con el objetivo de garantizar la reparación del daño a las víctimas.
También continúan los análisis de medicamentos, soluciones e insumos asegurados durante cateos en la clínica, mientras laboratorios especializados y autoridades sanitarias revisan posibles contaminaciones o irregularidades en el manejo de sustancias médicas.
La próxima audiencia fue programada para el 14 de mayo, fecha clave para determinar si el médico conserva la suspensión judicial o si las autoridades pueden proceder con su detención.
