El director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terrance “Terry” Cole, aseguró que autoridades estadounidenses investigan a funcionarios mexicanos de alto nivel por presuntos vínculos con organizaciones criminales y afirmó que algunos de ellos “trabajan directamente con los cárteles”.

Las declaraciones fueron realizadas durante la 40ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas, celebrada en Buenos Aires, Argentina, donde Cole habló sobre las investigaciones de Estados Unidos relacionadas con la corrupción y el crimen organizado en México.

Cole señaló que algunos funcionarios han sido identificados por autoridades estadounidenses y que incluso fueron advertidos sobre los presuntos vínculos que mantienen con organizaciones criminales, particularmente con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las acusaciones ocurren, sin embargo, mientras la DEA mantiene una comunicación activa con autoridades mexicanas encargadas de seguridad.

Cole destacó la relación de trabajo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, con quien, de acuerdo con reportes, existe intercambio de información e inteligencia para combatir a organizaciones criminales.

El señalamiento también coincide con una serie de operaciones recientes contra organizaciones delictivas mexicanas. La propia DEA ha señalado que su estrategia contempla combatir tanto las estructuras de los cárteles como a funcionarios que presuntamente los protegen o facilitan sus actividades.

Las declaraciones de Cole adquieren especial relevancia por las acusaciones que Estados Unidos presentó en abril contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios actuales y anteriores.

De acuerdo con la acusación estadounidense, los señalados presuntamente conspiraron con dirigentes del Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.

Rocha Moya ha rechazado los señalamientos y recientemente protagonizó una nueva crisis política en Sinaloa después de regresar a la gubernatura y solicitar nuevamente licencia poco más de un día después.

Aunque Cole habló de funcionarios de alto nivel presuntamente vinculados con organizaciones criminales, las declaraciones difundidas no identifican públicamente a todos los funcionarios a los que hizo referencia.

Por ello, los señalamientos deben distinguirse de acusaciones formales específicas: una investigación o señalamiento de autoridades estadounidenses no equivale por sí mismo a una sentencia judicial.

La DEA ha endurecido durante 2026 su discurso contra las estructuras criminales mexicanas y contra la corrupción asociada con ellas. En agosto, Cole ya había señalado públicamente que las redes del CJNG cuentan con integrantes dentro del gobierno mexicano que, según la agencia estadounidense, ayudan a proteger a líderes criminales y facilitar actividades ilícitas.

La nueva declaración vuelve a colocar el tema de la corrupción y los presuntos vínculos entre funcionarios y grupos criminales en el centro de la relación de seguridad entre México y Estados Unidos, justo cuando ambos países buscan mantener la cooperación en materia de inteligencia y combate al crimen organizado.