La Cámara de Diputados aprobó este 25 de marzo de 2026 en lo general la reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para poner fin a las llamadas “pensiones doradas” otorgadas a altos funcionarios y extrabajadores de organismos públicos, y ahora la propuesta continúa su discusión en lo particular antes de su votación final en el pleno de San Lázaro.
La iniciativa, que ya obtuvo el respaldo del Senado con 116 votos a favor, propone reformar el artículo 127 de la Constitución para que las jubilaciones y pensiones financiadas con recursos públicos no superen la mitad de la remuneración del titular del Poder Ejecutivo, lo que sería cerca de 70 000 pesos mensuales como tope máximo.
Los legisladores de Morena, PT y PVEM han señalado que esta modificación busca acabar con privilegios excesivos y abusivos en el sistema de pensiones de altos exfuncionarios, y argumentan que podría generar ahorros cercanos a 5 000 millones de pesos al año que podrían destinarse a programas públicos prioritarios.
Tras aprobarse en lo general, la reforma pasó a la discusión en lo particular en el pleno de la Cámara de Diputados, donde cada artículo y sus posibles reservas serán analizados y votados antes de que el dictamen sea sometido a votación final. En esta fase, representantes de diversos grupos parlamentarios podrán presentar modificaciones puntuales.
La discusión en lo particular es clave, pues algunos legisladores plantean que es necesario precisar mejor aspectos como la retroactividad de la medida, la protección de derechos adquiridos de trabajadores y jubilados, así como definir con claridad qué sectores y percepciones quedan sujetos al nuevo tope.
Posiciones de partidos y sectores
- Morena, PT y PVEM han defendido la reforma argumentando que no afectará a pensionados legítimos y que está diseñada para eliminar privilegios desproporcionados que han gravado las finanzas públicas.
- La oposición (PRI, PAN y otros) ha cuestionado algunos aspectos de la iniciativa, señalando que podría afectar derechos adquiridos si se aplicara de manera retroactiva y que la discusión en lo particular debería permitir mayor claridad y protección para sectores específicos.
Si la reforma constitucional obtiene la mayoría calificada en lo particular en la Cámara de Diputados, el siguiente paso será su aprobación por al menos 17 congresos estatales, conforme al procedimiento establecido para cambios constitucionales.
En resumen, el avance en lo general representa un paso significativo en la agenda legislativa del gobierno para reducir privilegios en el sistema de pensiones públicas, pero la discusión en lo particular será decisiva para definir el alcance final y la entrada en vigor de la reforma.
