Cuatro personas murieron tras el colapso de un túnel clandestino presuntamente utilizado para la extracción ilegal de combustible en el Estado de México, en un hecho que volvió a poner en evidencia los riesgos del huachicol en la región centro del país.
El incidente ocurrió en un predio de la comunidad de Santa Catarina, en el municipio de Acolman, donde se detectó una excavación subterránea conectada a un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex).
De acuerdo con reportes oficiales y trabajos de rescate, el derrumbe se registró mientras las personas se encontraban dentro del túnel, el cual presuntamente era utilizado para “ordeñar” combustible de manera ilegal.
Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con personal de Pemex, Protección Civil y fuerzas de seguridad, realizaron labores de búsqueda y rescate que se extendieron durante varias horas.
Los cuerpos fueron recuperados desde una profundidad aproximada de tres metros y posteriormente trasladados al Servicio Médico Forense para su identificación y análisis forense.
Autoridades confirmaron que el túnel estaba conectado directamente a un ducto de combustible y formaba parte de una red de extracción ilegal en la zona.
Versiones periodísticas señalan que el sitio contaba con una excavación de decenas de metros y ya había sido identificado previamente como punto de actividad relacionada con el robo de hidrocarburos.
Este tipo de estructuras, conocidas como “huachitúneles”, representan un alto riesgo debido a la inestabilidad del terreno, acumulación de gases y posibilidad de explosiones o derrumbes.
Incluso, en años recientes se han registrado otros incidentes similares en la misma región del Valle de Teotihuacán, donde el robo de combustible se ha mantenido como una problemática constante.
La FGR mantiene abierta una investigación para determinar quiénes participaron en la construcción y operación del túnel, así como la posible existencia de redes delictivas detrás de la excavación.
Pemex, por su parte, continúa con trabajos técnicos para sellar la conexión clandestina y evitar nuevos riesgos en la infraestructura de ductos.


































