La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, denunció públicamente una presunta compra de votos durante las elecciones en Coahuila, señalando al Partido Revolucionario Institucional (PRI) como responsable de estas prácticas.
De acuerdo con la funcionaria, cada sufragio habría sido pagado hasta en 500 pesos, lo que —afirmó— representa una grave violación a la legalidad del proceso electoral y un atentado contra la democracia. Las declaraciones se dieron en el contexto posterior a la jornada electoral en la entidad, donde se renovaron cargos locales.
Montiel aseguró que existen reportes ciudadanos y testimonios que apuntan a la utilización de recursos para influir en el voto, lo que podría derivar en investigaciones por parte de las autoridades electorales. En ese sentido, hizo un llamado a que se esclarezcan los hechos y se sancione a quienes resulten responsables.
Las acusaciones se dan tras el proceso electoral en Coahuila, donde el PRI ha defendido sus resultados, asegurando que se trató de una elección legal y con amplia participación ciudadana.
Hasta el momento, representantes del PRI han rechazado los señalamientos, calificándolos como parte de una narrativa política sin pruebas contundentes. Asimismo, han sostenido que el proceso se desarrolló con normalidad y bajo la supervisión de las autoridades correspondientes.
Especialistas en materia electoral advierten que este tipo de denuncias deben ser investigadas a fondo por los órganos competentes, como el Instituto Nacional Electoral (INE) y los tribunales electorales, para garantizar la transparencia y la confianza en los procesos democráticos.
El caso vuelve a poner en el centro del debate las prácticas de compra de voto en México, un fenómeno histórico que continúa siendo uno de los principales desafíos para la consolidación democrática del país.
