La estrategia legal presentada por el gobernador de Nuevo León, Samuel García, dentro del juicio político que enfrenta en el Congreso local no garantiza que pueda evitar sanciones, advirtieron especialistas en derecho penal.
De acuerdo con el análisis de juristas, la defensa del mandatario —centrada en cuestionar la competencia de la Comisión Anticorrupción y en argumentar supuestas irregularidades en el procedimiento— no elimina el fondo de las acusaciones, relacionadas con presunto desvío de recursos públicos y actos de corrupción.
El proceso en su contra fue impulsado desde el Congreso de Nuevo León por legisladores de distintas fuerzas políticas, luego de denuncias por triangulación de recursos hacia empresas vinculadas a su entorno familiar.
Especialistas señalaron que, aunque los recursos legales pueden retrasar o modificar el curso del juicio, no constituyen una garantía de absolución, ya que el procedimiento sigue su curso conforme a lo establecido por la ley.
El gobernador presentó su defensa por escrito como parte del proceso legislativo, en el que tenía la opción de comparecer personalmente o a través de representantes legales.
En este contexto, el Congreso estatal continúa con el análisis del caso, mientras se determina si existen elementos suficientes para imponer sanciones políticas, que pueden ir desde la inhabilitación hasta la destitución del cargo.
El juicio político contra García se da en medio de una creciente tensión política en Nuevo León, donde distintas bancadas han coincidido en la necesidad de investigar a fondo los señalamientos en su contra.
