El proyecto de la planta de amoniaco en Topolobampo, Sinaloa, volvió al centro del debate luego de que colectivos y organizaciones civiles cuestionaran a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre los intereses que, aseguran, respaldan la continuidad de la obra.
Integrantes del movimiento ambientalista señalaron que la insistencia del Gobierno federal en concluir la planta —pese a años de oposición social— genera dudas sobre a quién beneficia realmente el proyecto, especialmente por la participación de empresas extranjeras en su desarrollo.
Las críticas surgen tras las recientes declaraciones de Sheinbaum, quien defendió la construcción al asegurar que cuenta con permisos ambientales y que se realizó una consulta pública en la que, afirmó, la mayoría de la población respaldó la obra.
Sin embargo, colectivos sostienen que el proceso ha estado marcado por irregularidades y acusan que no se ha respetado plenamente el derecho de las comunidades indígenas a una consulta libre, previa e informada.
El proyecto, impulsado por Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), contempla la producción de hasta 2 mil 200 toneladas diarias de amoniaco, con una inversión millonaria y el objetivo de fortalecer la producción de fertilizantes en México.
No obstante, organizaciones ambientalistas advierten que la planta se ubica en una zona ecológicamente sensible, la Bahía de Ohuira, considerada sitio Ramsar por su biodiversidad, lo que podría generar impactos severos en ecosistemas marinos, especies protegidas y actividades pesqueras de la región.
Además, comunidades indígenas Mayo-Yoreme han mantenido una resistencia constante al proyecto desde hace más de una década, argumentando riesgos ambientales, afectaciones culturales y económicas, así como la posible pérdida de sus medios de vida.
Pese a estas críticas, el Gobierno federal ha reiterado que la planta es estratégica para alcanzar la soberanía alimentaria del país, al reducir la dependencia de fertilizantes importados.
El proyecto presenta un avance cercano al 95 por ciento, lo que refuerza la postura oficial de concluirlo, mientras el conflicto social y ambiental en la región continúa sin resolverse.
