La postura de la presidenta Claudia Sheinbaum frente al caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, desató críticas de especialistas y organizaciones civiles, quienes acusan un presunto “doble estándar” en torno al respeto al debido proceso y la presunción de inocencia.

Las críticas surgieron luego de que la mandataria insistiera en que Estados Unidos debe presentar “pruebas contundentes” antes de proceder contra Rocha Moya, señalado por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el narcotráfico y el Cártel de Sinaloa.

Stephanie Brewer, directora para México de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), cuestionó que el gobierno federal exija garantías procesales para el mandatario sinaloense mientras, según afirmó, en otros casos ha respaldado acciones que organizaciones defensoras consideran violatorias de derechos y garantías legales.

El debate aumentó después de que Sheinbaum reiterara en conferencia matutina que ningún ciudadano mexicano debe ser juzgado sin pruebas suficientes, independientemente de su cargo político o afiliación partidista. La presidenta aseguró que su gobierno no actuará por “presiones mediáticas” ni por exigencias extranjeras sin sustento legal.

El caso de Rocha Moya tomó relevancia internacional luego de que fiscales de Estados Unidos presentaran acusaciones contra él y otros funcionarios sinaloenses por presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa, recibir apoyo electoral y brindar protección política a integrantes del crimen organizado. Las acusaciones fueron reveladas por autoridades estadounidenses a finales de abril.

Ante ello, el gobierno mexicano rechazó inicialmente avanzar con solicitudes de extradición al considerar que faltaban elementos probatorios suficientes. Morena y figuras cercanas al oficialismo también respaldaron públicamente al gobernador con licencia y señalaron posibles motivaciones políticas detrás del caso.

Sin embargo, especialistas en derechos humanos y analistas advirtieron que el gobierno federal debe mantener el mismo criterio jurídico para todos los casos, sin importar el peso político de los involucrados. Algunos sectores consideran que exigir respeto al debido proceso únicamente en casos de aliados políticos podría afectar la credibilidad institucional del gobierno mexicano.

La polémica ocurre además en medio de tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos por temas de seguridad, narcotráfico y cooperación bilateral. Analistas señalan que el caso Rocha Moya podría convertirse en una prueba clave para la relación entre ambos países y para la postura del gobierno mexicano frente a investigaciones internacionales relacionadas con funcionarios públicos.

Mientras continúan las investigaciones, Rocha Moya ha negado las acusaciones y solicitó licencia temporal a su cargo para enfrentar el proceso. La Fiscalía General de la República mantiene abierta una revisión sobre el caso y autoridades financieras mexicanas ya investigan movimientos bancarios relacionados con el entorno del político sinaloense.