El conflicto político entre el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuén Ojeda, y el gobernador Rubén Rocha Moya escaló a niveles críticos meses antes del asesinato del primero, en medio de acusaciones cruzadas, investigaciones y señalamientos de corrupción que hoy cobran nueva relevancia.
De acuerdo con información revelada en investigaciones periodísticas, Cuén Ojeda había documentado un presunto esquema irregular en la asignación de contratos de obra pública, en el que estarían involucrados hijos del mandatario estatal y empresas contratistas vinculadas al gobierno de Sinaloa.
El exlíder del Partido Sinaloense (PAS) aseguró públicamente que contaba con expedientes que evidenciaban transferencias de recursos hacia cuentas relacionadas con la familia Rocha Ruiz, lo que formaba parte de un supuesto “carrusel” de corrupción en el manejo de obra pública.
Estas declaraciones surgieron en un contexto de confrontación directa entre ambos grupos políticos. La ruptura entre Rocha Moya y Cuén —antes aliados— se intensificó tras acusaciones legales contra el entorno del exrector, incluyendo procesos judiciales contra su hijo por presuntas irregularidades en el manejo de recursos universitarios.
Sin embargo, el conflicto no se limitó a lo político. Investigaciones recientes señalan que autoridades federales han solicitado información financiera relacionada con el gobernador y sus hijos, en el marco de indagatorias por posibles vínculos y movimientos económicos irregulares, aunque hasta ahora no se han bloqueado cuentas.
El asesinato de Cuén Ojeda, ocurrido en medio de este clima de tensión, sigue envuelto en controversia. Versiones encontradas sobre los hechos, inconsistencias en la investigación local y la intervención de instancias federales han alimentado dudas sobre el móvil real del crimen y las circunstancias en que ocurrió.
A esto se suma que la Fiscalía General de la República ha abierto líneas de investigación relacionadas con acusaciones internacionales contra Rocha Moya, lo que amplía el alcance del caso y coloca bajo escrutinio tanto a la administración estatal como a su círculo cercano.
En este escenario, las denuncias hechas por Cuén meses antes de su muerte adquieren un peso significativo, al perfilar un posible trasfondo de corrupción, disputa de poder y presuntas redes de intereses que hoy forman parte central de uno de los casos más complejos en la política reciente de Sinaloa.
