La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) modificó los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias luego de la consulta pública realizada durante agosto, en medio de un debate que generó cuestionamientos sobre libertad de expresión, intervención gubernamental y posibles sanciones a medios de comunicación.

La nueva versión fue aprobada por el organismo regulador y contempla cambios importantes en tres áreas: el procedimiento para atender quejas de las audiencias, las sanciones aplicables a los concesionarios y la forma en que los medios deberán abordar la diferencia entre información y opinión.

De acuerdo con la presidenta de la CRT, Norma Solano Rodríguez, el proceso de consulta recibió la participación de casi 9 mil personas. Del total de aportaciones, 5.3 por ciento correspondió a propuestas concretas de modificación y 94.7 por ciento a puntos de vista.

Los lineamientos serán enviados al Diario Oficial de la Federación (DOF) para su publicación y, una vez que sean difundidos oficialmente, entrarán en vigor después de un plazo de 30 días.

Uno de los cambios más relevantes se encuentra en el procedimiento para presentar y atender quejas.

La versión inicial contemplaba la posibilidad de que la CRT interviniera a petición del afectado prácticamente en cualquier momento del procedimiento. Con la modificación, la autoridad reguladora únicamente podrá intervenir cuando el medio no haya atendido la queja correspondiente.

Esto incluye situaciones en las que la inconformidad no haya sido recibida, no se le haya dado trámite o el medio no haya emitido una respuesta dentro del procedimiento establecido.

De esta manera, el nuevo esquema busca que la primera instancia para resolver las inconformidades sean los propios mecanismos de atención de cada concesionario y que la intervención de la CRT ocurra cuando esos mecanismos no funcionen.

La modificación representa uno de los principales ajustes realizados después de las críticas que generó el proyecto original y busca delimitar el papel de la autoridad frente a las decisiones editoriales de los medios.

Otro de los puntos que fueron modificados está relacionado con la libertad de expresión y el tratamiento de la información.

El proyecto original establecía que las concesionarias de radio y televisión debían adoptar medidas para evitar la difusión de información considerada falsa o descontextualizada, lo que generó cuestionamientos debido a la amplitud que podía tener ese criterio.

En la versión aprobada, la disposición fue modificada para establecer que los medios deberán preservar la pluralidad y veracidad de la información.

El cambio busca evitar que la autoridad reguladora se convierta en una instancia encargada de determinar de oficio qué contenidos periodísticos son verdaderos, falsos o están fuera de contexto.

La CRT ha sostenido que su función no será revisar los contenidos editoriales ni determinar qué debe publicar un medio, sino garantizar que se cumplan los procedimientos relacionados con los derechos de las audiencias.

Las modificaciones también alcanzaron el apartado de sanciones.

El proyecto inicial contemplaba multas que podían ir de 0.01 a 1 por ciento de los ingresos de las concesionarias de radio y televisión cuando se incurriera en infracciones relacionadas con los derechos de las audiencias.

Después de la consulta, las sanciones quedaron vinculadas a incumplimientos específicos: no contar con un código de ética, carecer de una defensoría de las audiencias o no poner a disposición de los radioescuchas y televidentes mecanismos para ejercer sus derechos y presentar inconformidades.

Con ello, las sanciones dejan de estar planteadas como una consecuencia directa de determinadas decisiones sobre contenidos periodísticos y se concentran en obligaciones formales y mecanismos de protección para las audiencias.

Los lineamientos mantienen obligaciones para las concesionarias de radio y televisión relacionadas con la protección de sus audiencias.

Entre ellas se encuentra la existencia de mecanismos para recibir y atender quejas, así como una defensoría de las audiencias y un código de ética propio.

También permanece el principio de diferenciar claramente entre información y opinión, además de distinguir los contenidos publicitarios de los editoriales.

Estas disposiciones forman parte de un marco más amplio de derechos de las audiencias establecido en la legislación mexicana de telecomunicaciones y radiodifusión.

La propuesta original provocó críticas de organizaciones, especialistas y representantes de la industria, quienes advirtieron sobre el riesgo de que algunas facultades pudieran traducirse en una intervención indebida de la autoridad sobre los contenidos de radio y televisión.

El gobierno federal rechazó desde el inicio que el objetivo fuera establecer un mecanismo de censura. La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo durante el proceso de consulta que los derechos de las audiencias no debían confundirse con una facultad para sancionar periodistas por el contenido de sus publicaciones.

La discusión llevó incluso a que se plantearan ajustes al proyecto antes de su aprobación definitiva.

Con la nueva redacción, la CRT busca dejar establecido que la autoridad no revisará de oficio los contenidos ni determinará las decisiones editoriales de los medios, sino que actuará cuando no se respeten los procedimientos destinados a atender las quejas de las audiencias.

Próximo paso: publicación en el DOF

Tras la aprobación de los cambios, el siguiente paso será la publicación de los lineamientos en el Diario Oficial de la Federación.

A partir de entonces comenzará el plazo de 30 días señalado por la CRT antes de su entrada en vigor.

El nuevo marco establece así un modelo en el que los medios deberán fortalecer sus mecanismos internos de atención a las audiencias, mientras que la autoridad reguladora tendrá una intervención acotada y principalmente vinculada con el cumplimiento de esos procedimientos.

La modificación pone fin a varias de las controversias que acompañaron al proyecto durante su consulta pública, aunque el alcance de las nuevas reglas y su aplicación práctica comenzarán a observarse una vez que entren formalmente en vigor.