Para atender y hacer los cambios de fondo que los sonorenses exigen al gobierno estatal en materia de derecho a la movilidad, remuneración de los servidores públicos, combate a la corrupción y establecimientos de órganos internos de control, el Congreso del Estado aprobó el proyecto de Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora.

El diputado Jacobo Mendoza Ruiz, dio lectura al dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la iniciativa propuesta por el Gobernador del Estado, que tiene como objeto atender cinco temas que se consideran urgentes de darles solución y hacer los cambios de fondo que la sociedad sonorense exige al poder ejecutivo.

Detalló que el primer tema da respuesta a la necesidad de que los organismos constitucionalmente autónomos cuenten con órganos internos de control, designados por el Congreso del Estado, esto con el propósito de garantizar plena autonomía en el control interno, en cuanto al desarrollo administrativo, control gubernamental, participación social, vinculación, transparencia y combate a la corrupción.

Para atender y hacer los cambios de fondo que los sonorenses exigen al gobierno estatal en materia de derecho a la movilidad, remuneración de los servidores públicos, combate a la corrupción y establecimientos de órganos internos de control, el Congreso del Estado aprobó el proyecto de Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora.

Mendoza Ruiz mencionó que la ley propone suprimir al Consejo de Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora, suprimir estructuras burocráticas costosas, carentes de eficiencia y transparencia en el sistema de transporte, así garantizar el derecho a la movilidad consagrado en la Carta Magna.

Así mismo, se regulariza la remuneración de los servidores públicos, homologando los principios a la constitución federal que marca el artículo 127 de la Constitución Mexicana, en la que nadie podrá tener una remuneración salarial mayor a la del presidente de la república, adecuándose a la competencia estatal, para que todo servidor público reciba una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades.