Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acusaron al gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, así como a funcionarios como Martí Batres, de “querer verles la cara” al mantener —según denunciaron— un esquema que favorece a financieras privadas en el sistema de pensiones del magisterio.
Durante las movilizaciones en la Ciudad de México, docentes señalaron que las propuestas del gobierno no atienden el fondo de sus demandas y, por el contrario, perpetúan un modelo que calificaron como “negocio con financieras usureras”, en referencia al sistema de Afores derivado de la Ley del ISSSTE de 2007.
El conflicto se centra en la exigencia de derogar dicha reforma y regresar a un sistema de pensiones público, solidario y sin intermediación privada. La CNTE sostiene que el esquema actual ha precarizado las jubilaciones del magisterio y favorecido intereses financieros.
En respuesta, el gobierno federal ha planteado alternativas como fortalecer el sistema público de pensiones y crear mecanismos que reduzcan la dependencia de bancos privados; sin embargo, estas propuestas han sido consideradas insuficientes por el magisterio disidente.
Las tensiones se han intensificado en los últimos días con protestas, plantones y bloqueos en la capital del país, en un contexto marcado además por la cercanía de la inauguración del Mundial 2026, lo que ha incrementado la presión política y social sobre la administración federal.
A pesar de que el gobierno ha reiterado su disposición al diálogo y ha descartado el uso de la fuerza para desalojar manifestaciones, no se ha alcanzado un acuerdo definitivo con la CNTE, que mantiene su postura de continuar con las movilizaciones hasta obtener respuestas concretas a su pliego petitorio.
El conflicto refleja una disputa estructural sobre el modelo de seguridad social en México, particularmente en el sector educativo, donde miles de trabajadores exigen cambios de fondo en materia de pensiones, condiciones laborales y derechos adquiridos.
