La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó varios decretos impulsados durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y aprobados en el polémico “viernes negro” legislativo de abril de 2023, cuando Morena y sus aliados sacaron adelante reformas en fast track en una sede alterna del Senado.

Por unanimidad, el máximo tribunal concluyó que no existieron violaciones graves al proceso legislativo durante aquella sesión maratónica en la que se aprobaron cerca de 20 reformas en cuestión de horas, mientras legisladores de oposición acusaban irregularidades, falta de debate y cambios de sede para concretar las votaciones.

Entre los decretos avalados por la Corte se encuentra la reforma que permite a las Fuerzas Armadas participar en la vigilancia y protección del espacio aéreo mexicano, una medida que había sido impugnada por bloques opositores bajo el argumento de una presunta militarización de tareas de seguridad pública.

La SCJN también validó la extinción de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, conocida como Financiera Rural, al considerar que el Estado mantiene otros mecanismos de apoyo financiero para el sector agrícola y rural.

El ministro Arístides Guerrero García, encargado de presentar los proyectos, sostuvo que los cambios de sede y la reanudación de sesiones en el antiguo recinto legislativo de Xicoténcatl se realizaron conforme a las facultades internas del Senado y no representaron vicios suficientes para invalidar las reformas.

Durante la discusión, ministros señalaron que corresponde al Congreso definir políticas públicas y funciones de las Fuerzas Armadas dentro del marco constitucional, siempre que existan mecanismos de regulación y supervisión.

La resolución marca un giro respecto a criterios anteriores de la propia Corte, que en años recientes había invalidado otras reformas aprobadas bajo procesos acelerados, como parte del llamado “Plan B” electoral de López Obrador, al considerar que sí existieron violaciones graves al procedimiento legislativo.

Con esta decisión, la SCJN mantiene vigentes algunos de los decretos más controvertidos del cierre del sexenio pasado y reaviva el debate sobre los límites del fast track legislativo y la participación militar en tareas estratégicas del país.