El caso contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sumó un nuevo elemento luego de que se revelara que integrantes de Los Chapitos habrían colaborado con autoridades de Estados Unidos proporcionando información clave en la investigación.

De acuerdo con reportes periodísticos, Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López, actualmente bajo custodia en Estados Unidos, participaron como testigos colaboradores dentro del expediente que sustenta las acusaciones contra el mandatario sinaloense.

Las declaraciones de ambos formarían parte de un paquete de pruebas validado por un jurado estadounidense, que incluye además testimonios de otros delincuentes, documentos, intervenciones de comunicaciones y datos de inteligencia relacionados con operaciones de narcotráfico y presuntos vínculos con funcionarios.

Este material fue integrado por fiscales de distintas jurisdicciones en Estados Unidos, incluyendo Nueva York, California e Illinois, como parte de una investigación coordinada por el Departamento de Justicia y la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Las acusaciones contra Rocha Moya se enmarcan en una investigación más amplia que señala presuntos nexos entre autoridades de Sinaloa y el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción de “Los Chapitos”, quienes —según fiscales estadounidenses— habrían brindado apoyo político a cambio de protección para sus operaciones.

Además, se ha informado que los testimonios de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán derivan de acuerdos judiciales alcanzados tras declararse culpables de delitos relacionados con narcotráfico, lo que les permite colaborar con autoridades a cambio de posibles beneficios en sus sentencias.

El caso ha generado una fuerte tensión entre México y Estados Unidos, no solo por la gravedad de las acusaciones, sino también por el origen de las pruebas, lo que ha abierto un debate sobre la validez de testimonios provenientes de criminales y el impacto político de estas investigaciones.

Mientras tanto, Rocha Moya ha rechazado los señalamientos en su contra, insistiendo en que se trata de acusaciones sin fundamento, en un proceso que aún se encuentra en desarrollo y que podría escalar tanto en el ámbito judicial como diplomático.