El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, habría sido ordenado por un líder criminal vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), luego de que sus posturas y acciones fueran interpretadas como provocaciones por parte del crimen organizado, informó el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch.

De acuerdo con autoridades federales, la reciente detención de Ramón Álvarez Ayala, alias “El R1”, identificado como líder de una célula delictiva conocida como “Los Rs”, permitió avanzar en el esclarecimiento del homicidio ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante un evento público en Michoacán.

Las investigaciones señalan que este grupo criminal, con presencia en municipios como Uruapan, Apatzingán y Morelia, mantiene vínculos con el CJNG y estaría relacionado con actividades como extorsión, homicidios y narcotráfico en la región.

Según líneas de investigación dadas a conocer por el gabinete de seguridad, el ataque contra Manzo habría sido una represalia directa, motivada por decisiones y posicionamientos del alcalde que fueron percibidos como una amenaza o desafío por parte de la organización criminal.

El caso, que conmocionó al país, ocurrió durante una celebración del Día de Muertos, cuando el edil fue atacado a balazos en un espacio público. El crimen evidenció la vulnerabilidad de autoridades locales frente a grupos delictivos y desató protestas y exigencias de justicia en Michoacán.

Con la captura de “El R1”, las autoridades han logrado identificar a distintos niveles de participación en el homicidio, incluyendo autores materiales, operadores logísticos y presuntos responsables intelectuales. Sin embargo, las investigaciones continúan abiertas para esclarecer completamente la red de complicidades.

Especialistas en seguridad señalan que este caso refleja el grado de influencia del crimen organizado en algunas regiones del país, donde actores políticos pueden convertirse en objetivos al confrontar o afectar intereses de grupos criminales.

Además, el homicidio de Manzo se suma a una serie de hechos violentos contra funcionarios públicos en México, lo que mantiene en el centro del debate la necesidad de reforzar estrategias de seguridad y protección para autoridades locales.

La detención de “El R1” representa un avance relevante en el caso, aunque autoridades han advertido que el desmantelamiento total de la estructura criminal involucrada sigue siendo un reto.