La organización Artículo 19 advirtió sobre el riesgo de autocensura en medios de comunicación en México ante la implementación de nuevos lineamientos en materia de derechos de las audiencias, al considerar que podrían generar incertidumbre sobre los límites del contenido informativo.

De acuerdo con el posicionamiento, la preocupación central radica en quién determinará qué información es verdadera o falsa, lo que podría abrir la puerta a interpretaciones subjetivas y eventuales sanciones contra medios y periodistas.

La organización defensora de la libertad de expresión señaló que este tipo de regulaciones, aunque buscan fortalecer los derechos de las audiencias, podrían tener efectos contraproducentes si derivan en presiones indirectas hacia los medios.

Especialistas y organizaciones coinciden en que el riesgo principal es que periodistas y empresas informativas opten por moderar o limitar sus contenidos para evitar posibles sanciones, lo que derivaría en autocensura.

¿Qué plantean los lineamientos?

Los nuevos lineamientos forman parte de una propuesta para reforzar los derechos de las audiencias en radio y televisión, incluyendo mecanismos de queja, códigos de ética y la obligación de atender reclamos sobre contenidos difundidos.

Sin embargo, críticos advierten que estos mecanismos podrían incluir procesos en los que autoridades determinen si un contenido cumple o no con criterios establecidos, lo que ha generado preocupación sobre posibles sanciones y control indirecto.

El tema ha reavivado el debate sobre el equilibrio entre la protección de las audiencias y la libertad de expresión. Mientras algunos sectores consideran necesario regular contenidos para garantizar información veraz, otros advierten que cualquier intervención del Estado en este ámbito debe evitar convertirse en censura.

En México, la Constitución establece que la libertad de expresión no debe ser objeto de censura previa, aunque sí puede estar sujeta a responsabilidades posteriores conforme a la ley.

La advertencia de Artículo 19 se da en un contexto donde el ejercicio periodístico enfrenta múltiples desafíos, incluyendo presiones legales, violencia y polarización política, factores que ya han sido señalados como riesgos para la libertad de prensa en el país.

En este escenario, el organismo reiteró la importancia de garantizar que cualquier regulación respete plenamente los derechos fundamentales y no inhiba el trabajo informativo.