El Gobierno de México aplazó hasta 2030 la aplicación de la medida que contempla exigir una sola nacionalidad a quienes busquen competir por la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, de acuerdo con la información publicada este jueves.
La decisión ocurre después de la controversia generada por el caso de Jasmine Bugarín, coordinadora de Morena en Nayarit y perfil señalado para participar en la contienda por la gubernatura en 2027, debido a que nació en California, Estados Unidos.
La reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum plantea modificar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución para establecer que quienes aspiren a esos cargos sean mexicanos por nacimiento y, en caso de contar con otra nacionalidad, renuncien a ella antes de solicitar su registro como candidatos.
La propuesta también contempla restricciones relacionadas con el uso de documentos de identidad extranjeros y el ejercicio de derechos inherentes a otra ciudadanía durante el ejercicio de esos cargos.
El caso de Jasmine Bugarín abrió la discusión
La controversia tomó relevancia luego de que Sheinbaum pidiera revisar la Constitución de Nayarit para determinar los requisitos aplicables a quienes busquen gobernar la entidad.
Durante su conferencia matutina, la mandataria hizo referencia al artículo 62 de la Constitución local, que establece condiciones relacionadas con la nacionalidad de quien aspire a la gubernatura, además de requisitos de residencia.
Bugarín respondió que nació en Estados Unidos durante la estancia laboral de sus padres, originarios de Nayarit, y sostuvo que desde hace años realizó ante la Secretaría de Relaciones Exteriores los trámites para renunciar a toda sumisión, obediencia y fidelidad a un Estado extranjero.
La coordinadora morenista afirmó que esa determinación fue certificada por autoridades competentes en 2024. Sin embargo, la documentación mencionada no ha sido verificada públicamente de manera independiente.
El tema generó cuestionamientos sobre los requisitos que deberán cumplir los perfiles que busquen competir en las elecciones de 2027 y sobre la relación entre la reforma federal y las disposiciones constitucionales de cada estado.
La iniciativa presidencial propone que las personas que aspiren a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México no tengan otra nacionalidad al momento de solicitar su registro.
El Senado aprobó la reforma en lo general con 86 votos a favor y 42 en contra, después de que la Cámara de Diputados también avalara el proyecto.
Con el aplazamiento reportado hasta 2030, la discusión se concentra ahora en los tiempos de aplicación de la nueva disposición y en su alcance para los procesos electorales previos a ese año.
El caso de Nayarit mantiene abierto, además, el debate sobre la interpretación de los requisitos locales para contender por la gubernatura en 2027.
