La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impuso una sanción administrativa a un médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), luego de que se acreditaran actos de tocamientos indebidos en agravio de una paciente dentro de instalaciones médicas.
De acuerdo con la resolución oficial, el servidor público fue inhabilitado por un año para ejercer cargos dentro del servicio público, además de quedar registrado en los mecanismos de control interno del sector salud, lo que le impide ser contratado nuevamente por dependencias federales durante el periodo establecido.
El caso se suma a una serie de sanciones recientes emitidas por la dependencia federal en contra de personal del sistema de salud, tanto por irregularidades administrativas como por conductas graves que vulneran la integridad de pacientes y la confianza en las instituciones médicas.
En los últimos meses, la Secretaría Anticorrupción ha reforzado los procedimientos de vigilancia y sanción dentro de hospitales del IMSS y del ISSSTE, no solo contra proveedores y empresas, sino también contra personal médico y administrativo. De acuerdo con información oficial, las inhabilitaciones pueden ir desde tres meses hasta varios años, dependiendo de la gravedad de la falta.
Este tipo de resoluciones se han vuelto más frecuentes dentro del sector salud federal, donde también se han documentado casos de empresas sancionadas por presentar información falsa para obtener contratos, así como incumplimientos en la prestación de servicios médicos, lo que ha derivado en multas e inhabilitaciones temporales.
Especialistas en transparencia señalan que estas medidas buscan fortalecer la rendición de cuentas dentro del sistema de salud público, aunque advierten que los casos de abuso y corrupción siguen representando un reto estructural en instituciones como el ISSSTE.
La autoridad anticorrupción reiteró que este tipo de conductas no solo constituyen faltas administrativas graves, sino que también pueden derivar en responsabilidades penales si las víctimas deciden proceder por la vía judicial.
