La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que cuatro exservidores públicos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y del Banco del Bienestar fueron sancionados por cometer faltas administrativas graves relacionadas con corrupción, uso indebido de información y manejo irregular de recursos públicos.
De acuerdo con la dependencia federal, las investigaciones realizadas por los Órganos Internos de Control derivaron en resoluciones del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que impuso inhabilitaciones de hasta 10 años para ocupar cargos públicos, además de sanciones económicas que van de los 25 mil a los 250 mil pesos.
En el caso del SAT, las autoridades detectaron irregularidades en la asignación de citas para trámites fiscales. La investigación señaló a Víctor R., exsubadministrador de Servicios al Contribuyente, por utilizar datos personales de ciudadanos para generar citas irregulares sin autorización de los contribuyentes afectados. Por estos hechos, fue inhabilitado por un año para desempeñar funciones públicas.
Respecto al Banco del Bienestar, la Secretaría Anticorrupción documentó irregularidades cometidas por tres exfuncionarios relacionadas con retiros de dinero sin autorización de los cuentahabientes y alteración de conciliaciones bancarias con información falsa.
Las autoridades detallaron que los recursos retirados de manera irregular superaron los 275 mil pesos. Como resultado, Juan D., Orlando P. y Marco M., exservidores públicos de la institución financiera, recibieron sanciones de hasta 10 años de inhabilitación y multas económicas.
La dependencia encabezada por Raquel Buenrostro señaló que las personas sancionadas todavía tienen derecho a impugnar las resoluciones; sin embargo, aseguró que defenderá jurídicamente las investigaciones y sanciones impuestas.
“La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno continuará actuando con firmeza para fortalecer una cultura de honestidad y cero impunidad en el sector público”, indicó la institución en un comunicado oficial.
Además, el gobierno federal llamó a la ciudadanía a denunciar posibles actos de corrupción mediante el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas, herramienta habilitada para reportar irregularidades en dependencias públicas.
El caso ocurre en medio de una estrategia federal de combate a la corrupción impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum, que en semanas recientes también ha derivado en sanciones contra proveedores y empresas vinculadas a irregularidades en contratos públicos.
