A casi una semana del descarrilamiento de un tren de carga de Ferromex en las inmediaciones del ejido Cuauhtémoc, en el municipio de Naco, la emergencia ambiental ha escalado a una crisis de salud pública. El secretario del Ayuntamiento confirmó la hospitalización de al menos seis personas a causa de cuadros de intoxicación aguda, mientras crecen la tensión y la exigencia de sanciones federales por el manejo de la sustancia altamente peligrosa.
El incidente ocurrió la madrugada del pasado 26 de julio, cuando un carro-tanque cargado con aproximadamente 59 mil litros de hidrosulfuro de sodio salió de las vías en la zona rural del municipio fronterizo. Aunque en un primer momento las autoridades de protección civil descartaron lesionados inmediatos por el impacto del accidente, el paso de los días y la volatilidad del químico comenzaron a cobrar factura entre los habitantes de las comunidades cercanas.
Los pobladores afectados han presentado síntomas severos que incluyen náuseas, dolores intensos de estómago, jaquecas constantes y problemas respiratorios graves. Debido a la infraestructura médica limitada de Naco —que cuenta únicamente con una Unidad Médica Familiar y un centro de salud rural de primer nivel—, los pacientes debieron ser trasladados de emergencia a nosocomios en Agua Prieta y al Hospital Tamosura en Cananea, registrándose casos críticos que ameritaron el traslado urgente hacia Nogales.
Especialistas químicos y académicos de la Universidad de Sonora han advertido que el hidrosulfuro de sodio, al entrar en contacto con la humedad del ambiente o cuerpos de agua, libera ácido sulfhídrico, un gas sumamente tóxico e irritante para las vías respiratorias. Esta situación encendió las alertas entre los ejidatarios y productores locales, quienes temen una afectación irreversible en los mantos acuíferos, pozos de la región y la fauna de ranchos aledaños como La Loba.
Ante la falta de certidumbre sobre el alcance de la contaminación en el suelo y el agua, sumada a la inquietud por el ganado, afectados e integrantes de la comunidad interpusieron una demanda colectiva ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Agua Prieta. Asimismo, legisladores federales han exigido la intervención urgente de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para fincar responsabilidades a la empresa ferroviaria y frenar lo que califican como una negligencia ambiental inaceptable en el norte de Sonora.
