Una jueza federal vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por su presunta participación en una red de contrabando de combustibles, y determinó que permanecerá en prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial.
La resolución se dio tras una audiencia que se prolongó por más de 30 horas, en la que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó diversos datos de prueba para sustentar los delitos de delincuencia organizada y operaciones relacionadas con hidrocarburos.
De acuerdo con las investigaciones, Ruffo Appel estaría vinculado a un esquema de “huachicol fiscal” que implicaba la importación irregular de combustible al país mediante la simulación de volúmenes en aduanas, con el objetivo de evadir impuestos.
Las autoridades federales señalan que esta red habría operado durante al menos 15 meses, movilizando más de 800 millones de litros de gasolina y diésel, lo que generó un daño fiscal estimado en miles de millones de pesos.
En el mismo proceso fueron vinculadas otras siete personas presuntamente relacionadas con la estructura, entre ellas empresarios y socios de compañías señaladas por facilitar el ingreso del combustible al país.
La jueza determinó mantener la medida cautelar de prisión preventiva para Ruffo Appel, por lo que continuará su proceso recluido en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1, conocido como “El Altiplano”, considerado de alta seguridad.
El exmandatario ha rechazado las acusaciones en su contra y ha sostenido que su participación en la empresa investigada era únicamente de carácter administrativo, sin conocimiento de posibles irregularidades.
El caso ha generado fuerte impacto político, al tratarse de una figura histórica del Partido Acción Nacional (PAN) y uno de los primeros gobernadores de oposición en México, lo que ha desatado posturas encontradas entre quienes respaldan la actuación de las autoridades y quienes señalan posibles motivaciones políticas.
Por su parte, el Gobierno federal ha insistido en que la investigación se basa en pruebas y forma parte de una estrategia para combatir el contrabando de combustibles y delitos fiscales en el país.
