Ciudad de México, 10 de julio de 2026.- El exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, enfrenta una nueva denuncia relacionada con un contrato millonario asignado durante su gestión al frente de la empresa estatal, por un monto máximo de hasta 4 mil 838 millones 689 mil 280 pesos, destinado a combatir el mercado ilícito de hidrocarburos.
La denuncia solicita investigar posibles irregularidades en el proceso de contratación, entre ellas presuntos conflictos de interés, falta de capacidad técnica de las empresas involucradas y una posible afectación al patrimonio de Pemex.
De acuerdo con los reportes, el contrato fue otorgado mediante adjudicación directa para el arrendamiento de vehículos especializados utilizados en tareas relacionadas con la vigilancia y combate al robo de combustibles, conocido como huachicol. La vigencia del acuerdo abarcaría varios años y contempla un monto máximo millonario.
Los señalamientos plantean que debe revisarse la legalidad del procedimiento, la identidad de los beneficiarios finales de las empresas contratadas y si existieron condiciones que pudieran representar ventajas indebidas para particulares.
La nueva controversia se suma a otros cuestionamientos que ha enfrentado Rodríguez Padilla tras dejar la dirección de Pemex, cargo que ocupó desde 2024 hasta 2026. En días recientes, el exfuncionario también fue señalado en un proceso judicial distinto relacionado con acusaciones de violencia familiar, aunque este nuevo expediente corresponde a asuntos administrativos y de contratación pública.
Hasta el momento, no se ha informado de una resolución definitiva sobre el contrato ni de responsabilidades legales determinadas contra el exdirector de Pemex. La investigación deberá establecer si existieron actos irregulares o si la contratación cumplió con los procedimientos establecidos.
El caso vuelve a colocar bajo escrutinio los mecanismos de asignación de contratos dentro de la empresa petrolera del Estado, especialmente aquellos relacionados con seguridad, combate al mercado ilícito de combustibles y manejo de recursos públicos.


































