Ante la declaración del presidente de Estados Unidos Donald J. Trump de que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela “debe considerarse cerrado en su totalidad”, el gobierno venezolano reaccionó con firmeza, calificando el anuncio como una “amenaza colonialista” y un acto hostil contra la soberanía nacional.  

Poco después de la alerta emitida por la Federal Aviation Administration (FAA) de Estados Unidos —que recomendó extremar precauciones al sobrevolar Venezuela y zonas del Caribe debido a un aumento de la actividad militar— varias aerolíneas internacionales suspendieron sus operaciones hacia ese país.  

Como respuesta, la autoridad de aviación civil de Venezuela, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), dio un ultimátum de 48 horas para que las compañías reanudaran sus vuelos o, de lo contrario, perderían sus derechos operativos en territorio venezolano.  

Al expirar ese plazo, Venezuela revocó los permisos de operación de al menos seis aerolíneas internacionales —entre ellas la española Iberia, la portuguesa TAP Air Portugal, la colombiana Avianca, la brasileña Gol y la turca Turkish Airlines— acusándolas de “sumarse al terrorismo de Estado promovido por EE. UU.” por suspender unilateralmente sus vuelos.  

Ante el escenario de cancelaciones masivas, el gobierno venezolano —mediante la vicepresidenta Delcy Rodríguez— anunció la activación de un “plan especial” para garantizar el retorno de venezolanos que se encuentran varados en el exterior, así como facilitar las salidas de quienes requieran salir del país.  

Venezuela además aseguró que pondría en marcha mecanismos multilaterales ajustados al derecho internacional para “exigir el cese inmediato de esta acción ilegítima e ilícita”.  

En su declaración oficial, el gobierno rechazó la pretensión de Estados Unidos de imponer un cerco aéreo: advirtió que ejercerá su soberanía plena sobre su espacio aéreo y no aceptará amenazas externas.  

El anuncio de Trump —y la reacción de Venezuela— generó amplia repercusión internacional. Organismos de aviación, aerolíneas y Gobiernos de varios países expresaron su preocupación por la crisis de conectividad aérea.  

Además, la tensión geo-política se ha incrementado, ya que algunos actores consideran la maniobra de EE. UU. como parte de una estrategia más amplia de presión contra el gobierno venezolano. Caracas sostiene que defenderá su soberanía “con dignidad y conforme al derecho internacional”.