El gobierno de Venezuela publicó un decreto de Estado de Conmoción Exterior que ordena la búsqueda y captura inmediata de cualquier persona que apoye, promueva o celebre la intervención militar estadounidense que recientemente llevó a la captura del presidente Nicolás Maduro y su traslado a Estados Unidos.

El decreto, emitido en un contexto de máxima tensión política, otorga amplias facultades a las fuerzas de seguridad venezolanas, incluyendo la posibilidad de detener a individuos cuya conducta sea considerada un respaldo a lo que Caracas califica como agresión extranjera. La medida tiene un plazo inicial de 90 días, prorrogable según lo determine el Ejecutivo.

Entre los puntos principales del decreto se destacan:

  • Las autoridades policiales, tanto nacionales como locales, deben ejecutar operativos de búsqueda y detención en todo el país.
  • Se faculta al gobierno para tomar control temporal de infraestructuras estratégicas y restringir ciertos derechos, como la libre circulación y reuniones públicas, para garantizar la seguridad nacional.
  • Se incluyen sanciones para aquellos que difundan información, mensajes o actos públicos que sean interpretados como apoyo a la operación militar extranjera.
  • El decreto se produce luego de una operación militar de Estados Unidos en Venezuela que culminó con la captura de Maduro, en un hecho sin precedentes que ha generado tensión internacional. El gobierno venezolano sostiene que esta acción constituye una violación de la soberanía nacional y justifica el decreto como una medida de defensa extraordinaria.
  • Analistas y organizaciones de derechos humanos han advertido que el decreto tiene un lenguaje amplio y ambiguo, lo que podría dar lugar a detenciones arbitrarias o criminalización de la opinión pública. Hasta ahora, la información sobre detenciones específicas relacionadas con el decreto proviene principalmente de fuentes oficiales venezolanas, y no ha sido confirmada de manera independiente por medios internacionales.

El estado de conmoción exterior refleja un clima de alta tensión política y social en Venezuela, y se considera que el gobierno ejercerá un control estricto sobre las expresiones públicas que puedan percibirse como apoyo a fuerzas extranjeras.