El gobierno de Venezuela presentó una denuncia formal ante la Organización Marítima Internacional (OMI) contra Estados Unidos, tras la incautación de un petrolero que transportaba crudo venezolano. Según informó la vicepresidencia ejecutiva, la acción fue notificada directamente al organismo con la exigencia de que se investigue lo ocurrido y se establezcan responsabilidades por lo que Caracas considera una violación al derecho internacional marítimo.

El anuncio se produjo casi en paralelo a un acto oficial encabezado por el presidente Nicolás Maduro en Caracas, donde el mandatario endureció su postura y calificó la operación estadounidense como un acto de “piratería criminal”. Maduro afirmó que el abordaje del buque constituye una agresión directa a la soberanía venezolana y denunció que Estados Unidos continúa ejecutando acciones unilaterales bajo el argumento de sanciones, afectando el comercio legítimo del país.

La denuncia presentada ante la OMI sostiene que la incautación no solo puso en riesgo a la tripulación, sino que además interfirió con la libertad de navegación y con la actividad comercial de Venezuela en aguas internacionales. En su posicionamiento público, el gobierno venezolano insistió en que el buque incautado cumplía con todas las normas de transporte y reiteró que la actuación estadounidense no tiene sustento legal frente a la comunidad marítima global.

Mientras tanto, Washington ha defendido la intervención asegurando que forma parte de acciones orientadas al cumplimiento de sanciones vinculadas al comercio de petróleo venezolano. La postura estadounidense no ha detenido la escalada verbal por parte de Caracas, que en las últimas horas ha recurrido a expresiones más duras para denunciar lo sucedido y responsabilizar a Estados Unidos de desestabilizar el flujo energético en la región.

El caso abre un nuevo capítulo en la ya tensa relación entre ambos gobiernos, al sumar un conflicto marítimo a las diferencias políticas, económicas y diplomáticas que han marcado los últimos años. La OMI aún no ha emitido una postura pública sobre la denuncia, pero se espera que Venezuela insista en que el incidente sea evaluado en sus instancias técnicas y jurídicas.