El presidente Donald Trump arremetió públicamente contra la Corte Suprema de Estados Unidos luego de que el máximo tribunal invalidara los aranceles globales que su administración había impuesto bajo una ley de poderes de emergencia.
En declaraciones ante medios, Trump afirmó estar “absolutamente avergonzado de algunos” de los jueces que votaron en contra de su política comercial, a quienes acusó de carecer de “coraje” y de perjudicar los intereses económicos del país. El fallo, aprobado por mayoría, determinó que el Ejecutivo excedió su autoridad legal al aplicar los gravámenes de forma generalizada.
Lejos de moderar su postura, el mandatario anunció que buscará nuevas vías jurídicas para mantener su estrategia arancelaria. Entre las opciones mencionadas se encuentra la imposición de un arancel global del 10% utilizando otras disposiciones de la legislación comercial vigente.
La decisión judicial y la respuesta del presidente evidencian un nuevo episodio de tensión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en Estados Unidos. Analistas señalan que el caso no solo tiene implicaciones económicas, sino también institucionales, al poner a prueba los límites del poder presidencial en materia comercial.
El debate ahora se centra en si la Casa Blanca logrará implementar una medida alternativa que supere los obstáculos legales señalados por la Corte, o si el conflicto derivará en nuevas impugnaciones judiciales.
Especialistas advierten que cualquier nuevo esquema arancelario podría tener efectos en los mercados internacionales y en las cadenas de suministro, especialmente en sectores estratégicos como manufactura, tecnología y energía.
Mientras tanto, el anuncio presidencial mantiene en expectativa a socios comerciales y a inversionistas, en un contexto político marcado por alta polarización.
