Un tribunal federal ordenó la liberación de Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), quien había sido señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) como presunto “segundo tirador” en el asesinato de Luis Donaldo Colosio en 1994.
La resolución fue emitida por un Tribunal Colegiado con sede en Toluca, el cual determinó que no existen pruebas suficientes para acreditar la participación del exfuncionario en el magnicidio ocurrido en Lomas Taurinas, Tijuana.
Los magistrados concluyeron que la Fiscalía no logró demostrar que Sánchez Ortega actuara en conjunto con Mario Aburto Martínez, autor material confeso del crimen, ni que existiera un plan coordinado para ejecutar el ataque.
Además, el tribunal resolvió que el delito por el que se le procesó —reclasificado de homicidio calificado a homicidio simple— ya había prescrito desde el año 2014, lo que imposibilita continuar con la acción penal.
Con esta decisión, se revocó el auto de formal prisión dictado en 2025 y se decretó el sobreseimiento del caso, dejando sin efecto el proceso judicial en su contra.
Sánchez Ortega había sido detenido en noviembre de 2025 en Tijuana, tras la reactivación de la teoría del “segundo tirador” impulsada por la FGR; sin embargo, permaneció en prisión preventiva cerca de ocho meses hasta esta resolución.
El fallo representa un nuevo revés para dicha hipótesis, que en otras ocasiones también ha sido descartada por falta de pruebas en tribunales federales.
Aunque la Fiscalía aún podría intentar impugnar la decisión, la única vía legal viable sería a través de un amparo promovido por la familia de Colosio, quienes en el pasado han manifestado su intención de cerrar el caso.
