La Fiscalía de la Ciudad de México informó que tres de los ocho detenidos durante la marcha de la autodenominada Generación Z fueron vinculados a proceso por los delitos de robo y lesiones. Los tres imputados, identificados como Daniel David “N”, José Luis “N” y Enrique “N”, deberán firmar cada 15 días como medida cautelar y seguirán su proceso en libertad.
Por su parte, los cinco detenidos restantes continuarán en prisión preventiva mientras se define su situación legal. Entre ellos se encuentra Eduardo Carrión, para quien se aplicará el Protocolo de Estambul para verificar si sufrió algún tipo de maltrato durante su detención. En las audiencias, un juez de control calificó como legal la detención de los ocho sujetos.
Si bien las autoridades destacan la legalidad de los procedimientos, expertos y observadores cuestionan la desproporción en las medidas cautelares. Tres de los ocho detenidos seguirán su proceso en libertad, mientras que cinco permanecen en prisión preventiva, aun cuando no todos están señalados por delitos graves. Esto genera críticas sobre la uniformidad y equidad en la aplicación de la justicia. Además, varios analistas señalan la rapidez con la que el gobierno celebró la legalidad de las detenciones, un contraste con la lentitud habitual en otros procesos judiciales.
El gobierno local indicó que la movilización reunió a unas 17,000 personas en la Ciudad de México, aunque algunos reportes destacan que muchos asistentes no pertenecían a la generación que bautizó el movimiento. Además, autoridades denunciaron posibles vínculos con campañas de desinformación de origen internacional y la infiltración de actores políticos en la protesta.
La marcha, convocada inicialmente por jóvenes, buscaba visibilizar inconformidades sobre temas de inseguridad, corrupción y participación política. Sin embargo, los incidentes violentos durante la movilización llevaron a detenciones y a la apertura de procesos legales para los involucrados.
El caso continúa bajo investigación, y la Fiscalía mantiene la vigilancia sobre los cinco detenidos que permanecen en prisión preventiva mientras se esclarecen los hechos, en medio de un debate público sobre la proporcionalidad de las sanciones y la transparencia del sistema judicial.
