Trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana del Instituto Nacional Electoral (INE) iniciaron este lunes 9 de noviembre un paro de labores en distintas entidades del país, luego de rechazar el incremento salarial del 6 por ciento que ofreció el organismo para parte del personal. La protesta busca presionar a las autoridades electorales para que atiendan sus demandas de mejores ingresos y condiciones de trabajo.

La convocatoria difundida por los trabajadores contempló módulos de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala y Veracruz. A estas afectaciones se suma Sonora, donde Iván Ibarra, trabajador del Instituto, reportó que la mayoría de los módulos de atención ciudadana permanecieron cerrados durante la jornada.

El conflicto se intensificó después de que el INE propusiera un aumento salarial del 6 por ciento para el personal con nivel FA1, que incluye a trabajadores de atención ciudadana y operadores de equipos tecnológicos. El ajuste entraría en vigor en enero de 2027, pero fue rechazado por los inconformes, quienes consideran que no responde a sus necesidades.

Entre sus principales exigencias está elevar sus percepciones hasta alcanzar el equivalente a dos salarios mínimos. También solicitan establecer jornadas laborales de lunes a viernes, regularizar sus condiciones de contratación, reconocer su antigüedad y garantizar estabilidad en sus empleos.

Los trabajadores también demandan la sustitución de computadoras y dispositivos utilizados para los trámites de credencialización, así como actualizar los pagos por viáticos, traslados, gastos de campo y pernoctas. A esto se suma la petición de unificar los criterios para programar vacaciones y mejorar las condiciones operativas de los módulos.

Por su parte, el INE anunció un paquete de medidas que incluye el incremento salarial del 6 por ciento, el cumplimiento de horarios y descansos —con 30 minutos para alimentos—, ajustes en los periodos vacacionales y capacitación durante la jornada laboral.

El organismo también planteó avanzar en la renovación del equipamiento tecnológico y atender las necesidades de materiales, papelería, combustible, limpieza y vigilancia. Además, prevé revisar durante el primer trimestre de 2027 alternativas para mejorar las percepciones del personal, de acuerdo con sus posibilidades presupuestales.

La suspensión de actividades puede afectar trámites como la expedición de credenciales para votar, cambios de domicilio, actualización de datos, reposiciones y entrega de identificaciones previamente solicitadas. Sin embargo, el impacto varía entre entidades y módulos, pues no todas las sedes reportaron el mismo nivel de interrupción.

Los trabajadores mantienen sus exigencias y la movilización mientras esperan una respuesta a sus demandas salariales y laborales.