Nuevos testimonios incorporados a la investigación federal por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa señalan al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por presuntamente mantener control sobre estructuras de seguridad y grupos criminales durante su administración, además de ordenar la destrucción de evidencia relacionada con los hechos ocurridos en Iguala en septiembre de 2014.

Los señalamientos forman parte de las nuevas líneas de investigación que llevaron a la Fiscalía General de la República (FGR) a detener a Aguirre, quien enfrenta acusaciones relacionadas con obstrucción de la justicia y desaparición forzada de personas. La Fiscalía sostiene que el exmandatario habría intervenido para ocultar información que podía contribuir al esclarecimiento del paradero de los estudiantes.

Uno de los elementos centrales de la investigación es la existencia de material de videovigilancia del Palacio de Justicia de Iguala. De acuerdo con la acusación, esas imágenes podían aportar información sobre la interceptación de uno de los autobuses en los que viajaban los normalistas durante la noche del 26 de septiembre de 2014.

La FGR sostiene que durante el gobierno de Aguirre se negó inicialmente la existencia de esas grabaciones bajo el argumento de que las cámaras presentaban fallas técnicas. Posteriormente, testimonios de personas colaboradoras habrían aportado información sobre la existencia del material y sobre su presunta sustracción.

Los nuevos testimonios citados en la investigación también describen una relación entre autoridades estatales, corporaciones policiales y grupos delictivos que operaban en Guerrero.

Las declaraciones forman parte de una indagatoria que busca establecer el nivel de responsabilidad que tuvieron funcionarios estatales en las acciones posteriores al ataque contra los normalistas.

El señalamiento de que Aguirre tenía control sobre policías y estructuras criminales corresponde a testimonios incorporados a la carpeta de investigación y deberá ser acreditado mediante el proceso judicial. No se trata, por ahora, de una responsabilidad penal ya determinada por una sentencia.

La investigación cobra relevancia porque el caso Ayotzinapa ha sido señalado por distintas instancias oficiales como un episodio en el que participaron autoridades de diferentes niveles y grupos del crimen organizado.

Las grabaciones de las cámaras del Palacio de Justicia de Iguala constituyen uno de los elementos que han adquirido relevancia en las investigaciones recientes.

De acuerdo con antecedentes de la investigación, las cámaras podían haber registrado parte de los movimientos de los normalistas y de los policías durante la noche en que ocurrieron los ataques. La pérdida o destrucción de ese material ha sido considerada un obstáculo para reconstruir con precisión lo sucedido.

El caso de las videograbaciones ya había generado investigaciones contra exfuncionarias del gobierno de Guerrero. En marzo de 2026, dos exfuncionarias fueron vinculadas a proceso por hechos relacionados con la presunta pérdida o destrucción de material videográfico correspondiente a cámaras del Palacio de Justicia de Iguala.

La detención del exgobernador representa uno de los movimientos de mayor relevancia dentro de la investigación de Ayotzinapa en los últimos años.

Aguirre gobernaba Guerrero cuando ocurrieron los ataques y la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Tras los hechos, dejó el cargo y posteriormente compareció ante la FGR para aportar información sobre las acciones realizadas por su administración.

Ahora, más de una década después, la Fiscalía sostiene que nuevos testimonios permiten retomar acusaciones sobre la presunta intervención del entonces gobernador en la ocultación de evidencia.

La FGR también ha señalado que la investigación busca esclarecer qué ocurrió con los estudiantes y determinar las responsabilidades de quienes participaron en los hechos o en acciones posteriores destinadas a obstaculizar las investigaciones.

El caso Ayotzinapa continúa sin esclarecerse por completo. Hasta ahora, únicamente se han identificado restos de tres de los 43 estudiantes desaparecidos, mientras las familias mantienen su exigencia de verdad, justicia y localización de sus hijos.