South Tucson, Arizona.– El Concejo Municipal de South Tucson aprobó el pasado 17 de febrero el retiro de todas las cámaras lectoras de placas instaladas en distintos puntos de la ciudad, una determinación que ha dividido opiniones entre autoridades, cuerpos de seguridad, comerciantes y residentes.
La alcaldesa Roxanna Valenzuela explicó que la medida responde a inquietudes de la comunidad sobre el manejo de la información recopilada por el sistema. Señaló que existía preocupación de que los datos pudieran compartirse con agencias federales, entre ellas U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), lo que generó desconfianza entre parte de la población.
La empresa proveedora del sistema, Flock Safety, respondió públicamente que los datos generados pertenecen exclusivamente a la ciudad, que solo se capturan imágenes de vehículos visibles desde la vía pública y que la información se elimina automáticamente tras 30 días.
Policía advierte impacto en investigaciones
Desde el Departamento de Policía local, el comandante Raúl Navarro manifestó su desacuerdo con la decisión, calificándola como un retroceso en materia de seguridad. De acuerdo con cifras proporcionadas por la corporación, en los seis meses que el sistema estuvo en funcionamiento contribuyó a esclarecer 22 casos y facilitó 14 arrestos.
Entre los incidentes en los que se utilizó la tecnología se encuentran investigaciones por tiroteos, atropellos con fuga, recuperación de vehículos robados e incluso un caso de homicidio.
Navarro subrayó que, aunque las cámaras no previenen delitos directamente, sí agilizan el trabajo de investigación y permiten dar respuestas más rápidas a víctimas y familias.
Mientras algunos residentes respaldan la decisión al priorizar la privacidad y el control local de la información, comerciantes —especialmente aquellos que operan en horario nocturno— han expresado inquietud al considerar que el sistema representaba una capa adicional de seguridad en zonas comerciales.
El retiro de las cámaras abre ahora un debate más amplio sobre el equilibrio entre el uso de herramientas tecnológicas para combatir el crimen y la protección de la privacidad en comunidades con alta sensibilidad en temas migratorios.
Por el momento, autoridades municipales han señalado que evaluarán alternativas tecnológicas que generen mayor confianza entre la población.
