Hermosillo, Sonora, 30 de septiembre de 2025. — La despenalización del aborto en Sonora sigue sin avanzar en el Congreso local y, por ahora, no existe una fecha definida para que el tema sea discutido por los legisladores, a pesar de los exhortos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de colectivos feministas que insisten en la necesidad de armonizar las leyes estatales con los criterios federales.
La diputada María Eduwiges Espinoza, de Morena, confirmó que no hay una iniciativa en curso ni fecha programada para abordar el tema en comisiones o en el pleno. Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, René Edmundo García Rojo, precisó que actualmente no existe propuesta formal registrada sobre la despenalización, lo que coloca la discusión en pausa indefinida.
El gobernador Alfonso Durazo Montaño ha manifestado en distintas ocasiones que su administración respalda la despenalización y que Sonora debe atender las sentencias de la SCJN. “Se trata de un asunto de derechos humanos y justicia social”, señaló en marzo pasado. Sin embargo, en el Congreso local no existe consenso: legisladoras como Gabriela Félix han reconocido que no hay disposición política para abrir el debate, lo que refleja la división interna en torno a un tema socialmente sensible.
En 2023 la SCJN declaró inconstitucional penalizar el aborto antes de las 12 semanas de gestación, exhortando a los congresos estatales a modificar sus códigos penales. Pese a ello, en Sonora el marco legal continúa criminalizando la práctica, salvo en casos específicos como violación o riesgo para la salud de la madre. Colectivos feministas han realizado manifestaciones frente al Congreso y presentado exhortos formales, argumentando que la falta de acción legislativa mantiene en la incertidumbre a mujeres y personas gestantes que buscan ejercer su derecho a decidir.
El debate sobre el aborto en Sonora enfrenta dos grandes obstáculos: la falta de voluntad política en el Congreso, donde las bancadas aún no logran consensos, y la polarización social, que mantiene el tema en constante controversia. De momento, el asunto sigue siendo un pendiente legislativo, con una fuerte presión de la sociedad civil organizada y con el compromiso —al menos discursivo— del Ejecutivo estatal de avanzar hacia la armonización legal.
