Puerto Peñasco, Sonora.- La investigación relacionada con la privación ilegal de la libertad de gambusinos en la zona de Sierra Pinta registra nuevos avances, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó la imputación de siete personas y el aseguramiento de 37 vehículos durante las acciones realizadas en Puerto Peñasco.
Entre los siete imputados se encuentra una persona menor de edad. De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, todos permanecerán sujetos a las medidas cautelares determinadas dentro del proceso, mientras se desarrolla la audiencia en la que un juez deberá resolver su situación jurídica.
La audiencia de vinculación a proceso está prevista para el 25 de septiembre, fecha en la que se determinará si existen elementos suficientes para que continúe el proceso penal en su contra.
Aseguran armas, explosivos y vehículos
Como parte de las diligencias derivadas de la investigación, las autoridades localizaron y aseguraron un importante arsenal, además de vehículos presuntamente relacionados con actividades delictivas.
Entre lo asegurado se encuentran más de 40 armas largas, dos ametralladoras Minimi y una ametralladora Browning calibre .50, además de explosivos y diversas cantidades de droga.
También fueron asegurados 37 vehículos, algunos de los cuales cuentan con reporte de robo en Estados Unidos.
El aseguramiento se realizó durante las acciones que permitieron localizar y desmantelar una presunta casa de seguridad en Puerto Peñasco, investigación que se originó a partir del caso de los gambusinos privados de la libertad en Sierra Pinta.
Fiscalía mantiene abiertas otras líneas de investigación
La FGJES informó que las investigaciones continúan y que, entre las líneas que permanecen abiertas, se encuentra la posible relación de los detenidos y de los indicios asegurados con otros hechos delictivos registrados en la región.
Entre estos se encuentran homicidios y desapariciones, aunque hasta el momento la Fiscalía mantiene estas conexiones como líneas de investigación y no como hechos judicialmente acreditados.
Las autoridades continuarán con las diligencias para establecer el grado de participación que habría tenido cada uno de los imputados y determinar si existen elementos que permitan vincularlos con otros delitos.
El próximo 25 de septiembre será una fecha clave para el caso, cuando el juez analice los datos presentados por la Fiscalía y determine la situación jurídica de los siete imputados.
