– La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó su desacuerdo con la reciente reforma a la Ley de Amparo, aprobada por el Senado de la República, debido a la inclusión de una cláusula que establece su retroactividad, medida que, según afirmó, contraviene el artículo 14 de la Constitución.

En un mensaje dirigido al público y medios de comunicación, Sheinbaum puntualizó que la iniciativa que ella remitió al Legislativo no contemplaba la retroactividad. “Ese agregado se incluyó en el Senado sin mi consentimiento”, aclaró, subrayando que la reforma original tenía otros objetivos, pero nunca buscó afectar procesos legales ya en curso.

La retroactividad en leyes que impactan derechos de las personas está explícitamente prohibida por la Constitución, por lo que la presidenta instó a la Cámara de Diputados a revisar y eliminar esa disposición, con el objetivo de garantizar el respeto a la Carta Magna y evitar conflictos legales futuros.

La reforma a la Ley de Amparo ha generado controversia entre legisladores y expertos en derecho. Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, reconoció que la redacción actual de la ley puede violar la Constitución y anunció que se realizarán ajustes en la Cámara de Diputados.

Asimismo, el exministro de la Corte Arturo Zaldívar expresó que la redacción de la reforma es ambigua y advirtió que permitir la retroactividad podría generar afectaciones graves al acceso a la justicia. Zaldívar recalcó la importancia de que las leyes respeten los principios constitucionales y los derechos adquiridos de las personas, evitando cualquier retroceso legal que perjudique a ciudadanos inocentes.

El objetivo declarado de la reforma es limitar el uso excesivo del juicio de amparo, utilizado por algunas personas para evadir procesos legales, especialmente en casos de delitos fiscales y corrupción. Sin embargo, especialistas alertan que los cambios podrían restringir el acceso a la justicia de colectivos y personas vulnerables, como defensores de derechos humanos y ambientales.

Por ahora, la discusión sobre la retroactividad continúa en la Cámara de Diputados, donde se espera que se realicen ajustes que garanticen su constitucionalidad, manteniendo el equilibrio entre combatir abusos legales y proteger los derechos de los ciudadanos.