La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la presentación de una iniciativa de Ley General contra el feminicidio, con el objetivo de combatir la impunidad en las muertes violentas de mujeres y homologar su investigación en todo el país.
El proyecto, que será impulsado junto a la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, busca establecer criterios claros y uniformes para que todos los casos de asesinatos de mujeres sean investigados con perspectiva de género.
Actualmente, uno de los principales problemas en México es que no todas las muertes violentas de mujeres se investigan como feminicidio, lo que genera fallas en el acceso a la justicia y deja numerosos casos en la impunidad. Diversos análisis señalan que solo una parte de estos crímenes recibe la clasificación adecuada.
La propuesta del gobierno federal pretende replicar a nivel nacional el modelo aplicado en la Ciudad de México durante la gestión de Godoy, el cual incorpora metodologías especializadas, atención inmediata y seguimiento continuo de los casos.
“Queremos que haya cero impunidad en todos los estados”, ha señalado la mandataria al explicar que la iniciativa busca mejorar la coordinación entre fiscalías y garantizar que los delitos se investiguen bajo los mismos estándares en todo el país.
Entre los cambios planteados se encuentra la implementación de protocolos homologados, capacitación de ministerios públicos y la obligación de investigar con perspectiva de género desde el primer momento, evitando que los casos sean clasificados incorrectamente como homicidios comunes.
El contexto de la iniciativa refleja una problemática persistente: en México, la violencia contra las mujeres continúa siendo una crisis estructural, con miles de casos cada año y altos niveles de impunidad en su resolución.
La nueva ley busca cerrar esas brechas institucionales y fortalecer la procuración de justicia, en un intento por garantizar que las víctimas y sus familias accedan a procesos efectivos y sin dilaciones.
De concretarse, esta reforma marcaría un cambio en la manera en que el Estado mexicano enfrenta los feminicidios, al establecer un marco nacional que obligue a todas las entidades a actuar bajo los mismos criterios y con mayor rigor.
