La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) explicar las razones que llevaron al aseguramiento de 59 millones de litros de combustible localizado en un centro de almacenamiento de San José Iturbide, Guanajuato, y determinar si existía alguna actividad ilegal relacionada con el hidrocarburo.

Durante su conferencia matutina de este lunes, la mandataria fue cuestionada sobre la reacción de Grupo Simsa, empresa que sostiene que la operación de la terminal de almacenamiento es lícita y verificable.

Sheinbaum respondió que será la propia Fiscalía la que deberá precisar qué encontró durante el operativo y cuáles fueron los elementos que llevaron al aseguramiento.

“La Fiscalía tiene que informar de si había alguna actividad ilegal o cuáles son las actividades o qué es lo que llevó al aseguramiento de este lugar”, señaló.

La presidenta también remarcó que el operativo fue realizado por la delegación de la FGR en Guanajuato, por lo que consideró que corresponde a esa institución explicar los detalles de la investigación.

El aseguramiento fue anunciado por la FGR la semana pasada, después de un cateo realizado en un inmueble ubicado en la comunidad de La Fragua, en el municipio de San José Iturbide.

De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía, en el sitio fueron localizados 59 millones 36 mil 870.5 litros de hidrocarburos, distribuidos entre gasolina regular, gasolina Premium y diésel.

El volumen localizado se convirtió en uno de los mayores aseguramientos de combustible reportados por las autoridades federales en el país. La investigación se inició a partir de indicios relacionados con la descarga irregular de diésel en una estación de servicio.

La FGR informó posteriormente que las empresas relacionadas con el almacenamiento todavía no habían acreditado de manera completa y fehaciente la legalidad del origen, manejo y destino del combustible.

Ante la complejidad del caso, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) atrajo la carpeta de investigación para continuar con las diligencias.

El aseguramiento generó una respuesta de Grupo Simsa, que rechazó que la terminal estuviera involucrada en una operación ilícita y sostuvo que las actividades realizadas en el centro de almacenamiento cuentan con respaldo documental y permisos.

La empresa señaló que la terminal tiene capacidad autorizada para almacenar combustible y defendió la legalidad de sus operaciones.

La FGR, por su parte, indicó que aún se encontraba pendiente acreditar documentalmente la procedencia y trazabilidad de la totalidad del hidrocarburo localizado, por lo que la investigación continúa abierta.

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, también señaló este lunes que el estado mantiene coordinación con la Federación y Pemex para dar seguimiento al caso.

La mandataria estatal informó que se reforzaron las acciones de inteligencia y coordinación operativa para combatir el denominado huachicol fiscal, mientras la FEMDO lleva la investigación sobre la procedencia del combustible asegurado.

Ante las preguntas sobre el caso, Sheinbaum evitó adelantar una conclusión sobre la posible existencia de una operación ilegal y sostuvo que la FGR debe proporcionar la información correspondiente.

La presidenta argumentó que hacerlo de esa manera también permite preservar la autonomía de la Fiscalía General de la República.

“Si lo estuviera informando yo dirían, ay, no hay autonomía de la Fiscalía General de la República”, señaló durante la conferencia.

El llamado ocurre después de que la propia FGR informara que la investigación busca establecer la propiedad, operación y trazabilidad financiera y fiscal del hidrocarburo encontrado.

Entre las diligencias se encuentran el análisis de documentación, información relacionada con empresas vinculadas y entrevistas con directivos de la empresa relacionada con el inmueble, con el objetivo de determinar el origen y destino del combustible.

La FGR mantiene abierta la investigación para determinar si en el caso se configuraron delitos contemplados en la legislación federal en materia de hidrocarburos o posibles delitos fiscales.

Por ahora, el aseguramiento no equivale por sí mismo a una sentencia ni determina la responsabilidad penal de la empresa o de personas relacionadas con el inmueble. Será la investigación ministerial la que establezca el origen del combustible, su trazabilidad y, en su caso, las responsabilidades correspondientes.

El caso permanece bajo la conducción de la FEMDO, mientras las autoridades federales y estatales continúan intercambiando información sobre el aseguramiento.

La presidenta Sheinbaum insistió en que será la Fiscalía la que deberá explicar públicamente qué irregularidades detectó y cuáles fueron las razones jurídicas que sustentaron el operativo en San José Iturbide.