La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que la cancelación de autorizaciones a diversas organizaciones civiles para recibir donativos deducibles de impuestos responda a una decisión política, y aseguró que se trata de un proceso técnico derivado de revisiones del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Durante su conferencia, la mandataria explicó que estas acciones son resultado de análisis realizados por la autoridad fiscal, los cuales determinan si las organizaciones cumplen o no con los requisitos establecidos por la ley para mantener su estatus como donatarias autorizadas.
La declaración se da en medio de la polémica generada tras la cancelación de permisos a más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil, lo que ha despertado críticas y preocupaciones sobre posibles afectaciones al trabajo de estas agrupaciones.
De acuerdo con datos recientes, el SAT retiró la autorización a más de 100 asociaciones civiles por presuntos incumplimientos fiscales, aunque muchas de ellas han iniciado procesos para regularizar su situación.
Entre las organizaciones afectadas se encuentran algunas dedicadas a temas de transparencia, educación, desarrollo social y atención a grupos vulnerables, lo que ha intensificado el debate público sobre el impacto de estas medidas.
En respuesta a los señalamientos, Sheinbaum insistió en que no existe una intención de afectar a la sociedad civil, sino de garantizar que todas las organizaciones operen bajo reglas claras y cumplan con sus obligaciones fiscales.
Sin embargo, organismos internacionales y especialistas han advertido que este tipo de acciones podrían generar un entorno más restrictivo para las ONG, al aumentar los requisitos y limitar su acceso a financiamiento mediante donativos deducibles.
El tema se suma a la discusión más amplia sobre la relación entre el gobierno y la sociedad civil en México, en un contexto donde las organizaciones han denunciado mayores controles y exigencias administrativas en los últimos años.
Por ahora, el gobierno federal sostiene que las revisiones continuarán bajo criterios técnicos, mientras que diversas ONG buscan recuperar su autorización y mantener sus operaciones activas.
