La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció recientemente un nuevo impulso legal destinado a fortalecer la lucha contra la extorsión: su propuesta plantea que este delito sea perseguido de oficio por las autoridades, eliminando la necesidad de que las víctimas presenten una denuncia formal.
La iniciativa, que busca reformar el artículo 73 de la Constitución, otorgaría al Congreso de la Unión la facultad de crear una “Ley General contra la Extorsión”. Con esto se pretende homogeneizar las sanciones a nivel nacional y garantizar que el Estado pueda actuar incluso cuando la víctima, por temor o presión, no se acerque a las autoridades.
Sheinbaum señaló que, pese a los esfuerzos de su gobierno, la extorsión sigue siendo un delito de alto impacto que no ha logrado reducirse. “Con esta reforma, el Estado asumirá la responsabilidad de proteger a las víctimas”, afirmó. La propuesta contempla penas de 6 a 15 años de prisión, con agravantes especiales para casos en que la víctima sea menor, migrante o servidor público.
El plan de acción incluye también la creación de unidades especializadas en fiscalías estatales y federales, la habilitación de líneas telefónicas anónimas para denunciar extorsiones y la posibilidad de intervenir comunicaciones usadas para cometer el delito. La idea es que las autoridades tengan herramientas más ágiles para actuar, evitando que la falta de denuncia por parte de la víctima se traduzca en impunidad.
Expertos consideran que la iniciativa representa un paso significativo, pero advierten que su eficacia dependerá de la capacidad de las fiscalías y del sistema de justicia para investigar y sancionar a los responsables. Además, será crucial que los estados armonicen sus leyes locales con la futura norma nacional para que la reforma no quede solo en papel.
Con esta estrategia, el gobierno busca no solo sancionar a los delincuentes, sino también ofrecer mayor protección y tranquilidad a los ciudadanos que son blanco de extorsiones en distintos sectores del país.
