Ciudad de México; 4 de agosto de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto con el objetivo de evitar que dependencias del gobierno federal reserven información de manera discrecional, en un intento por fortalecer la transparencia y reducir prácticas de opacidad dentro de la administración pública.

La medida establece que la información solo podrá clasificarse como reservada en casos específicos, como cuando exista un proceso judicial en curso o cuando se trate de temas relacionados con la seguridad nacional, buscando así cerrar la puerta a interpretaciones amplias por parte de funcionarios.

De acuerdo con lo expuesto previamente por la propia mandataria, el objetivo central es que “todo el gobierno sea transparente” y que la reserva de información deje de depender del criterio individual de las dependencias, una práctica que durante años ha sido señalada como un mecanismo para ocultar decisiones, contratos o procesos internos.

El decreto forma parte de una estrategia más amplia del gobierno federal para reforzar los mecanismos de acceso a la información pública, en un contexto de cambios institucionales en materia de transparencia y control administrativo.

Sin embargo, la medida no ha estado exenta de cuestionamientos. Especialistas y analistas han advertido que, aunque el decreto busca limitar la discrecionalidad, persisten dudas sobre quién determinará en la práctica cuándo una información puede considerarse reservada, especialmente en casos relacionados con seguridad nacional o procesos en curso, categorías que pueden ser interpretadas de manera amplia.

Asimismo, se ha señalado que el rediseño de los mecanismos de transparencia en el país, junto con la concentración de funciones en nuevas dependencias, podría generar preocupaciones sobre la independencia de las instancias encargadas de garantizar el acceso a la información, lo que abriría la puerta a posibles decisiones con sesgo político.

Algunos sectores también advierten que, si bien la intención del decreto apunta a combatir la opacidad, su efectividad dependerá de la forma en que se aplique en la práctica y de la existencia de contrapesos institucionales que eviten que las excepciones —como seguridad nacional— se conviertan en nuevas vías para reservar información.

Pese a ello, el gobierno federal ha defendido la medida como un paso hacia una administración más abierta, en la que la información pública deje de ser restringida sin justificación clara y se garantice el derecho ciudadano a conocer las decisiones gubernamentales.

El alcance real del decreto y su impacto en la transparencia dependerán ahora de su implementación y de la respuesta de las instituciones encargadas de supervisar su cumplimiento.