Ciudad de México, México; 20 de febrero de 2026 — Durante su conferencia de prensa de este viernes en Irapuato, Guanajuato, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló con nombre propio casos de pensiones que consideró excesivas o abusivas, y confirmó que la iniciativa de reforma constitucional que enviará al Senado de la República no afectará a las Fuerzas Armadas ni a pensiones laborales protegidas por contrato colectivo. 

Sheinbaum mencionó que José Ángel Gurría Treviño, exsecretario de Hacienda, exdirector general de la OCDE y exdirector de Nacional Financiera (Nafin), forma parte del grupo de exfuncionarios que reciben una pensión mensual de alrededor de 120 mil pesos, la cual calificó como un “abuso” y un exceso en el contexto de pensiones públicas. “Ya que salió público, lo podemos decir”, declaró la mandataria al referirse al monto que Gurría percibe por su jubilación. 

Sheinbaum explicó que ese tipo de prestaciones se han mantenido “porque así estaba establecido”, pero consideró que no se justifican cuando representan privilegios muy por encima de los montos recibidos por la mayoría de trabajadores. 

Sheinbaum fue categórica en aclarar que el Ejército y otros regímenes especiales no están incluidos en esta iniciativa, que está dirigida exclusivamente a funcionarios públicos de confianza que perciben pensiones desproporcionadas. “Obviamente las Fuerzas Armadas no están incluidas en esto, estamos hablando de funcionarios públicos de confianza con pensiones que no justifican”, sostuvo. 

La propuesta de reforma, que será enviada formalmente en los próximos días, plantea modificar el artículo 127 de la Constitución para establecer un tope a las pensiones de exfuncionarios de confianza. Bajo esta iniciativa, dichos montos no podrían exceder el 50 % de la remuneración del titular del Ejecutivo federal, lo que en práctica reduciría las jubilaciones más altas a aproximadamente 70 mil pesos mensuales. 

La presidenta ha argumentado que estas pensiones consideradas “exorbitantes” implican un uso inequitativo de recursos públicos, y que la reforma generaría un ahorro significativo que podría destinarse a programas sociales prioritarios.