Ciudad de México, 6 de marzo de 2026 — Durante su conferencia matutina de este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la principal ayuda que México puede recibir de otros países —especialmente de Estados Unidos— es que se detenga la entrada ilegal de armas al país, ya que este flujo contribuye directamente a la violencia y fortalece al crimen organizado.

La mandataria recordó que este reclamo se ha planteado en diversos foros internacionales y en diálogo bilateral con Estados Unidos, enfatizando que los fabricantes y distribuidores de armas también tienen responsabilidad sobre el destino que estas tienen y los daños que generan en México.

En este contexto, Sheinbaum resaltó la reciente Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), la cual establece que los Estados tienen la obligación de ejercer “debida diligencia” para regular, supervisar y controlar el comercio y tráfico de armas con el objetivo de proteger los derechos humanos. Según la Corte, esto incluye:

  • Evaluar riesgos antes de permitir la importación o exportación de armas que puedan impactar en la seguridad y los derechos humanos.
  • Supervisar estrictamente a las empresas fabricantes y distribuidoras de armas, asegurando que cumplan con la normativa y evitando que se desvíen al mercado ilícito.
  • Medidas de trazabilidad de armas desde su fabricación para impedir su desvío hacia redes criminales.
  • Cooperación internacional para prevenir el tráfico ilícito y reducir la violencia asociada.

Sheinbaum enfatizó que, aunque la opinión consultiva no es vinculante, sirve como respaldo jurídico y político para que México argumente ante foros internacionales y tribunales que existe una obligación de los Estados de prevenir el tráfico de armas por su impacto en derechos humanos.

La presidenta concluyó que el objetivo de estas acciones es disminuir la violencia interna y fortalecer la seguridad, reiterando que el control del flujo de armas desde Estados Unidos es clave para lograr resultados concretos en la protección de la población mexicana.