Tras el asesinato del político michoacano Carlos Manzo Rodríguez en Uruapan, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que “la fuerza del Estado es la justicia, no la guerra contra el narco”. Con esta declaración, la mandataria marcó distancia de las políticas de seguridad militarizadas impulsadas desde el sexenio de Felipe Calderón. Sin embargo, su postura también reavivó el debate sobre la eficacia —y las omisiones— del propio gobierno de la llamada Cuarta Transformación en materia de seguridad.
Sheinbaum sostuvo que “hay quien pide la militarización y la guerra, eso no funcionó”, en clara alusión a la estrategia que desde 2006 apostó por el uso de las Fuerzas Armadas en el combate directo al crimen organizado. Aquella política, señalan especialistas, derivó en un aumento sostenido de la violencia y en violaciones graves a los derechos humanos.
No obstante, el discurso de la presidenta también fue interpretado por analistas como una manera de eludir la responsabilidad del sexenio anterior, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, quien sostuvo la política de “abrazos, no balazos”. Aunque el planteamiento buscaba reducir la confrontación directa y atender las causas sociales del delito, los índices de violencia no disminuyeron de forma significativa, y la Guardia Nacional terminó bajo control operativo militar.
En este contexto, Sheinbaum intenta delinear un nuevo equilibrio entre justicia civil y seguridad pública, planteando que la fortaleza del Estado debe sustentarse en instituciones sólidas, ministerios públicos eficaces y un sistema judicial confiable. Sin embargo, los desafíos son profundos: la violencia persiste, la impunidad predomina y la frontera entre autoridad civil y militar sigue difusa.
Si la presidenta logra avanzar en el fortalecimiento real de las instituciones civiles, su mensaje podría marcar un cambio de rumbo. De lo contrario, su declaración quedará como una pieza más del discurso político que critica el pasado sin asumir el presente.
