Senado Aprueba Reforma a la Ley de Amparo: ¿En qué Consiste?

El 1 de octubre de 2025, el Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular una reforma a la Ley de Amparo, impulsada por el partido Morena y respaldada por el PT y el PVEM. La iniciativa, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum el 15 de septiembre, busca modernizar el juicio de amparo, agilizar los procesos judiciales y reducir el uso del recurso como mecanismo de evasión judicial.

La reforma fue aprobada en dos etapas:

  • En lo general: 76 votos a favor, 39 en contra.
  • En lo particular: 70 votos a favor, 39 en contra.

Digitalización de los juicios de amparo

Se establece que los juicios de amparo podrán realizarse completamente en línea mediante reglas uniformes que equiparan el valor de los expedientes electrónicos con los físicos. Esto busca modernizar y agilizar los procesos judiciales.

Redefinición del interés legítimo

La reforma redefine el concepto de “interés legítimo”, permitiendo que cualquier persona pueda promover un juicio de amparo si acredita una lesión jurídica, ya sea individual o colectiva. Esto amplía la posibilidad de que colectivos o asociaciones interpongan amparos en defensa de derechos colectivos.

Establecimiento de plazos para dictar sentencia

Se establece que los jueces tendrán 90 días naturales para dictar sentencia una vez celebrada la audiencia constitucional, reduciendo los plazos procesales actuales. Además, los órganos jurisdiccionales podrán desechar de manera más ágil las recusaciones que tengan como fin dilatar el procedimiento.

Restricción de la suspensión del acto reclamado

Se proponen nuevas causales para limitar la suspensión provisional, especialmente en casos que involucren bloqueo de cuentas bancarias por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), deuda pública y sistema financiero, y órdenes de aprehensión o medidas cautelares de prisión. En estos casos, la persona quejosa deberá acreditar ante la autoridad judicial el origen lícito de sus recursos para obtener la suspensión definitiva.

Plazos y sanciones por incumplimiento

Se propone establecer plazos ciertos en aquellos artículos de la Ley de Amparo que actualmente no prevén plazos, para que se realice un acto. Estos plazos deberán ser observados por los jueces para agilizar el juicio de amparo y garantizar una justicia expedita. Además, se establece que las multas por incumplimiento a las sentencias de amparo que sean impuestas a la autoridad deberán ser cubiertas por el órgano de gobierno y no directamente por el funcionario a título personal.

Armonización con otras leyes

La reforma también implica armonizar la Ley de Amparo con otras legislaciones, concretamente con el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Se propone establecer en el Código Fiscal de la Federación la improcedencia del recurso de revocación contra actos del procedimiento administrativo de ejecución, así como de actos o resoluciones que resuelvan sobre solicitudes de prescripción de créditos firmes. En consecuencia, también sería improcedente el juicio contencioso administrativo en contra de tales actos, adecuándose la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Controversias y críticas

La reforma ha generado controversia entre especialistas y organizaciones civiles, quienes advierten que podría dificultar el acceso a la justicia, especialmente en casos de violaciones de derechos humanos, desapariciones forzadas o megaproyectos dañinos para el medio ambiente. Uno de los puntos más polémicos es la redefinición del “interés legítimo”, restringiéndolo a casos donde la afectación sea concreta y directa, lo que limitaría la acción de organizaciones en defensa de causas colectivas. También se cuestiona la limitación de suspensiones, mecanismos clave de protección judicial.

A pesar de ligeras modificaciones al dictamen, la comunidad jurídica considera que las reformas favorecen más a las autoridades que a los ciudadanos. El bloque oficialista justifica sus cambios como una forma de modernizar y agilizar los procesos judiciales, pero críticos argumentan que esto puede representar un retroceso en derechos fundamentales.

Próximos pasos

Tras su aprobación en el Senado, la reforma será enviada a la Cámara de Diputados para su discusión y posible aprobación. Se espera que el debate continúe en el próximo periodo legislativo.