El Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma constitucional que establece límites a las llamadas “pensiones doradas” en el sector público, marcando un paso significativo en la política de austeridad y control del gasto público.
La modificación al artículo 127 de la Constitución fija un tope máximo para pensiones y jubilaciones financiadas con recursos públicos, que no podrá exceder el 50 % del salario de la presidenta de la República, equivalente aproximadamente a 70 mil pesos mensuales. La reforma fue aprobada con 116 votos a favor, sin votos en contra y con un mínimo de abstenciones.
El propósito es reducir las pensiones excesivas que han recibido exfuncionarios y altos mandos de la burocracia, generando un ahorro estimado de 5 mil millones de pesos anuales, recursos que podrían destinarse a programas sociales o de bienestar.
Si bien la reforma contó con apoyo de todos los grupos parlamentarios, algunos legisladores de oposición hicieron observaciones técnicas, cuestionando la forma en que se determina el tope basado en el salario presidencial en lugar de otras referencias.
Los partidos coincidieron en que la medida fortalece la austeridad y la transparencia en el gasto público, aunque también señalaron que deberán definirse criterios claros para la aplicación retroactiva y las posibles exclusiones.
Con la aprobación de esta reforma, se limitarán las pensiones consideradas desproporcionadas, impactando principalmente a exfuncionarios de alto nivel que reciben ingresos superiores a los establecidos en la nueva norma. Analistas señalan que la medida podría mejorar la percepción de equidad y aumentar la confianza ciudadana en el uso de recursos públicos.
El Senado envió la reforma a la Cámara de Diputados para su ratificación y posterior publicación, completando así el proceso legislativo necesario para que entre en vigor.
