El Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor para endurecer las sanciones contra empresas que realicen llamadas o comunicaciones comerciales y publicitarias de manera reiterada y sin autorización de los consumidores.
El dictamen recibió 96 votos a favor y plantea multas que van desde 56 mil 570 pesos hasta 2 millones 345 mil 728.71 pesos para quienes incurran en estas prácticas.
La reforma modifica los artículos 18 Bis y 127 de la legislación y establece restricciones para que proveedores y empresas no contacten de manera insistente a los consumidores con fines comerciales o publicitarios cuando no exista autorización.
La propuesta también contempla que las empresas mantengan responsabilidad cuando recurran a terceros para realizar este tipo de comunicaciones, por lo que contratar a un proveedor externo no las eximiría de las obligaciones previstas.
Durante la discusión, se señaló que la medida busca fortalecer la privacidad de los consumidores y garantizar que su negativa a recibir publicidad sea respetada.
El dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual aprobación, por lo que todavía debe continuar el proceso legislativo antes de que pueda entrar en vigor.
