El Senado de la República decidió posponer la discusión de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, con el propósito de realizar modificaciones de fondo al dictamen aprobado previamente por la Cámara de Diputados.

La iniciativa, que busca homologar el delito de extorsión en todo el país y establecer un tipo penal único de alcance nacional, fue retirada del orden del día para su revisión en comisiones, luego de que legisladores de distintos grupos parlamentarios advirtieran posibles efectos retroactivos y lagunas jurídicas que podrían beneficiar a personas ya sentenciadas.

De acuerdo con fuentes del Senado, las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos trabajarán durante esta semana en un nuevo dictamen que precise las penas, defina con mayor claridad las conductas que constituyen extorsión y fortalezca los mecanismos de investigación.

Entre los puntos más sensibles del debate se encuentran:

  • La reducción o ajuste de penas, que podría generar beneficios indebidos para delincuentes ya procesados.
  • La inclusión de servidores públicos dentro del alcance del delito, para sancionar la participación de autoridades en redes de extorsión.
  • La coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con el fin de asegurar que la ley sea operativa en los estados.
  • La posibilidad de que la extorsión se investigue de oficio, sin que sea necesaria una denuncia formal por parte de la víctima.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, señaló que el objetivo es aprobar una ley sólida y funcional, no una reforma apresurada. “Se trata de un tema delicado que impacta directamente en la seguridad de miles de personas y empresas. No podemos permitir vacíos que generen impunidad”, dijo durante la sesión plenaria.

La Ley contra la Extorsión pretende unificar las sanciones estatales y federales, incluir modalidades como la extorsión digital o telefónica y establecer mecanismos para el bloqueo inmediato de números utilizados en este tipo de delitos. También contempla la creación de fiscalías especializadas y un registro nacional para coordinar las investigaciones en todo el país.

Aunque se esperaba su aprobación esta semana, el nuevo calendario legislativo prevé que el dictamen se discuta nuevamente en el Pleno la próxima semana, una vez que las comisiones integren los cambios de redacción y estructura.

La decisión de aplazar la votación fue bien recibida por algunos sectores empresariales y expertos en seguridad, quienes consideran necesario revisar a detalle los efectos legales y operativos de la iniciativa antes de su promulgación.